El FROB insinúa que la dirección del Popular debió irse por su «incapacidad»

El presidente del FROB contrastó su actuación y la de la Junta Única de Resolución (JUR), sobre la que Ponce valoró su trabajo a pesar del reciente informe del Tribunal de Cuentas europeo en el que se exponen algunas deficiencias de calidad, con el comportamiento de los banqueros en momentos delicados para sus corporaciones, en referencia al caso del Popular. De hecho, señaló que, salvo contadas excepciones «muy justificadas», los gestores que no logren «enderezar el rumbo», deben ser «sustituidos lo antes posible» para así favorecer la identificación de las pérdidas que el banco tiene que atajar. De cara al futuro, avisó de que las actuaciones de esos directivos «deben ser suficientemente correctivas aunque generen pérdidas de valor a corto plazo».

Ponce, que intervino en la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera, defendió la resolución del FROB y la JUR al no haber «otra alternativa privada» de un banco o los propios grandes accionistas del Popular que quisieran ponerse al frente del grupo en esas condiciones. Además, recordó el interés público que suponía el problema para justificar la intervención de los organismos oficiales por estar en juego 60.000 millones de euros en depósitos, cuatro millones de clientes y 12.000 empleados.

A pesar de que aún se desconoce el contenido del informe de valoración elaborado por Deloitte en aquellos días de junio -un análisis en el que se valora al Popular entre 1.500 y -8.000 millones-, Jaime Ponce insistió a los diputados que la intervención fue la mejor opción al «proteger la estabilidad del sistema, evitar el impacto en los depósitos y ofrecer la continuidad operativa a todos los clientes» sin hacer uso de recursos públicos.

De cara a las posibles actuaciones judiciales que se puedan llevar a cabo contra el Estado, el presidente del FROB aclaró que no se prometió a Santander ninguna garantía pública para hacer frente a los litigios derivados del proceso. Aunque, en el caso de que se pruebe que había otra opción mejor que la resolución para los intereses de los accionistas, sí sería la JUR la que tendría que responder ante esas acusaciones.

En esa misma comisión, el que fuera vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de 2008 a 2011, Fernando Restoy, admitió que el desenlace de la salida a Bolsa de Bankia «no era fácilmente anticipable» si se tienen en cuenta los estados financieros que la entidad había hecho públicos en julio de 2011, cuando dio el salto al parqué. Restoy reconoció que esta operación «supuso un quebranto para muchos inversores» minoritarios. En cualquier caso, defendió la actuación de la CNMV, que cumplió con la normativa vigente en aquel momento, al tiempo que rechazó «presiones políticas» a la institución para forzar la operación.

El que también fuera subgobernador del Banco de España entre 2012 y 2016 afirmó que el control de los supervisores «resultó insuficiente» para impedir la colocación de las participaciones preferentes entre los ahorradores, de quienes ha indicado que «no estaban en condiciones de valorar convenientemente el riesgo» de esos productos.