Escrivá aboga por cambiar el gravamen a la banca para que sea más «neutral»

La propueta de Escrivá, que dice mantenerse al margen de las decisiones sobre impuestos porque tienen efectos «redistributivos» y esa es una competencia del «ámbito de decisión democrática», llega apenas unos días después de que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, apuntara que el Ejecutivo tiene la intención de prorrogar el gravamen bancario -y el extraordinario- que puso en marcha en 2022 por la crisis de precios. Así se lo ha comunicado a la Comisión Europea en su plan fiscal, aunque introducirán «ajustes» para acompasarlo al actual «ciclo económico» sin dañar «las cuentas de las empresas», como indicó en una entrevista a este diario.

Para el gobernador, introducir las provisiones como elemento de deducción, esto es, rebajar el impacto final del tributo en los resultados de los bancos, sería clave. «En la medida en la que no deduces provsiones de lab ase imponible, peude estar penalizando en términos relativoa una actividad bancaria sobre la que la imposición debería ser neutral», indica en una entrevista en 'Expansión'. «Como las entidades financieras suelen tener que realizar mayores provisiones durante la parte más baja de los ciclos económicos, al no deducírselas del impuesto, la base imponible puede no erflejar adecuadamente la rentabilidad» de esos bancos.

Además, el también exministro de Seguridad Social y Transformación Digital del Gobierno de Pedro Sánchez indica que el gravamen renovado debe ser más «neutral» en el sentido de que abarque a más entidades financieras y no solo a las que registren una facturación (ingresos) superiores a los 800 millones de euros al año, como establece la ley actual.

Los gravámenes a las entidades de crédito y a las empresas energéticas han alcanzado una recaudación de 2.859 millones de euros en 2024, cifra muy similar a los 2.908 millones de euros recaudados el año anterior, según los datos aportados este viernes por el Ministerio de Hacienda.

Porque también el sector energético se encuentra encendido ante la posibilidad de que Hacienda prorrogue el tributo. De hecho, las palabras de Cuerpo han reactivado la polvareda que este impuesto ha generado en compañías como Repsol, cuya dirección mantiene «congeladas» las inversiones industriales en España a la espera de que el Ejecutivo clarifique el diseño de ese impuesto.

Así lo señalan fuentes de la energética a este diario, una postura que no es nueva, pero sí se pone encima de la mesa cada vez que el Gobierno expone sus intenciones. Para Repsol no serían suficientes unos ajustes, una especie de maquillaje, para minimizarlo aplicando deducciones por inversiones verdes, como así está previsto. La firma, cuyo consejero delegado es Josu Jon Imaz, se muestra contraria al hecho en sí de aplicar el tributo por considerarlo «discriminatorio».

Y para muestra de su posición, Repsol ha elegido su complejo industrial de Sines, en Portugal, para invertir 15 millones de euros en un nuevo proyecto de hidrógeno renovable. Sse trata de un proyecto de un electrolizador de cuatro megavatios (MW) con una capacidad para generar unas 600 toneladas anuales de hidrógeno. Allí no hay «inestabilidad» regulatoria en materia de impuestos, insisten desde la firma.

La fricción entre Moncloa y la energética viene de lejos. Hace ahora un año Repsol aprovechaba la presentación de resultados trimestrales para lanzar una advertencia al Gobierno si prosperaba el acuerdo entre PSOE y Sumar por el que se mantendría el gravamen extraordinario, aunque solo estaba pensado para dos años. La compañía avisaba entonces de que podrían peligrar sus inversiones en España si sale adelante esta medida que, a su juicio, «castiga» a las empresas que, como Repsol, «invierten en activos industriales, generan empleo y garantizan la independencia energética».