Desconcierto ante la idea de imponer por ley un pago mínimo al ahorro

Ha pasado casi un mes desde el recrudecimiento de ese tira y afloja y el organismo presidido por Cani Fernández ya mantiene contactos con el Banco de España y el Ministerio de Economía, que ha llegado a afirmar que dependiendo de los resultados que se desprendan del análisis «veremos si es necesario algún cambio legislativo». Una intención que ha hecho saltar las alarmas del sector, porque la idea implicaría en la práctica intervenir el precio de los depósitos. Sumar, por ejemplo, también incluye directamente en su programa esta posibilidad de «vincular los intereses de los depósitos a los de los préstamos». Sin embargo, esta misma semana, la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, descartaba esta posibilidad. «En campaña electoral se perdona todo», alegaba para indicar que las proclamas de los partidos quedarán en agua de borrajas. «Obligarnos a remunerar los depósitos entra en el ámbito de la competencia de cada empresa y no se hace al dictado de las autoridades», sentenciaba la ejecutiva.

La relación se tensa

En el Banco de España existe cierto malestar por la situación. El ruido político generado y el riesgo reputacional por la polémica tampoco gusta al supervisor. Por eso, el gobernador, Pablo Hernández de Cos se ha posicionado con un perfil bajo durante estos meses, haciendo suyo el argumento de que el exceso de liquidez permite a las entidades seguir sin elevar lo que pagan por sus depósitos.

El Banco de España también recuerda al Gobierno que las entidades más 'tacañas' con sus ahorradores son las que menos han encarecido las hipotecas. El asunto ha tensado las relaciones, sobre todo tras esa idea de regular por ley los intereses.

El Banco Central Europeo (BCE) también estaría en contra de esta posibilidad, como ha quedado demostrado recientemente tras una consulta del Gobierno belga en la que se plantea una remuneración mínima en las cuentas de ahorro y los depósitos del país. En su dictamen, el BCE advierte que esa norma podría derivar en una mayor restricción del crédito y afectar a la rentabilidad de la banca. «Todo se puede hacer, pero no creo que legislar sobre esto sea algo viable ni sé qué beneficio puede tener para el país», coincide Santiago Carbó desde Funcas, en referencia a España. «En este asunto nos movemos bajo el enorme paraguas de la Unión Europea, que defiende los principios de fijación de precios; es muy difícil que se pueda legislar sobre algo así», insiste.

Con este telón de fondo, la banca llega a esta nueva ronda de resultados con el reto de detallar cómo será su estrategia comercial a partir de ahora. Al menos eso es lo que esperan los accionistas, conscientes de que la rentabilidad de las entidades depende, entre otras cosas, de su margen de intereses. De momento, se espera que esa variable siga mejorando en el último trimestre, entre otras cosas, por el retraso en la remuneración del ahorro que han sufrido los ciudadanos hasta ahora.