El Constitucional estudiará el impuesto a la banca en plena crisis financiera

Este anuncio llega justo en medio de la crisis financiera que están viviendo los bancos durante las dos últimas semanas tras la caída del Silicon Valley Bank en EE UU, seguida por el rescate de Credit Suisse en Europa. Buena parte de la banca se encuentra tensionada por el impacto que puede tener la subida de tipos de interés en su cartera de bonos de deuda pública comprados en su momento cuando los intereses eran mucho más bajos, y cuya venta anticipada les puede suponer un agujero en sus balances.

Durante el año pasado, con las primeras subidas de tipos autorizadas por el Banco Central Europeo (BCE) desde el mes de julio, la banca se ha beneficiado de un mayor margen de intereses, como muestran sus últimos resultados anuales. El conjunto del sector financiero español obtuvo unos beneficios superiores a los 20.000 millones de euros en 2022, un XX% más que el ejercicio anterior.

El Gobierno había justificado precisamente ese mayor margen generado por las subidas de tipos de interés oficiales para aplicar un impuesto que grava los ingresos del sector financiero español durante dos ejercicios en un 4,8% sobre el margen de los intereses y las comisiones que cobran. El objetivo de Hacienda es recaudar 3.000 millones de euros entre 2023 y 2024, es decir, unos 1.500 millones de euros cada año.

Junto a la banca se encuentra impactada por este tributo el sector energético, a cuyas ventas se les aplica una tasa del 1,2% también durante dos años. Además, junto a esos impuestos, se puso en marcha el de las grandes fortunas -el que realmente ha recurrido la Junta andaluza-, que grava el patrimonio neto de las personas físicas de cuantía superior a tres millones de euros.

El Gobierno andaluz ha recurrido en concreto el artículo 3 de la ley 38/2022 al considerar que podría suponer una vulneración de su autonomía financiera en lo relativo a los tributos cedidos (el Impuesto de Patrimonio se encuentra transferido a las comunidades), así como la infracción del derecho de representación política, del principio de lealtad constitucional e institucional y del principio de seguridad jurídica.

La Junta de Andalucía aprecia «una vulneración de la autonomía financiera» de la comunidad autónoma porque el gravamen a las grandes fortunas se concibe como un tributo «complementario» al Impuesto sobre el Patrimonio (para contribuyentes con un patrimonio neto superior a los 700.000 euros), que está bonificado al 100% en esta región.