Competencia rechaza presiones políticas en la opa de BBVA sobre Sabadell

En principio, esta primera fase del análisis que el organismo inició el 31 de mayo, cuenta con un mes de plazo legal. Pero ese tiempo se pone en pausa si se necesita requerir nueva información. Por ejemplo, en la fusión de CaixaBank y Bankia, ese proceso se demoró ocho meses. Y por aquel entonces ambas entidades «iban de la mano» en su objetivo de unión.

Ahora, el escenario es más complejo al tratarse de una opa hostil. Y si finalmente no hay consenso sobre los posibles riesgos de concentración, se abriría una segunda fase de análisis más detallado, que abre la puerta a otra posterior «en la que está prevista una visión política y el Gobierno puede imponer nuevos requisitos». Incluso después de que el organismo presidido por Cani Fernández dé a conocer los suyos propios y siempre que estos se basen en los «supuestos generales» incluidos en la ley de competencia.

Si se cumple ese escenario, el proceso se alargaría. Y aunque desde Competencia rechazan hablar de plazos, podría darse el caso de que los accionistas tengan que decidir sobre la opa sin conocer las condiciones del organismo, pues el plazo de aceptación comienza cuando la CNMV aprueba el folleto de fusión, una vez recibido el visto bueno del BCE, para lo que no se esperan grandes trabas.

Pese a todo, Fernández aseguró que el firme rechazo que el Ejecutivo mantiene a la operación no se ha traducido en «presiones políticas» en esta primera fase del análisis. «No me consta», aseguró durante su intervención en los cursos de verano organizados por la APIE en la UIMP en Santander, indicando que la prohibición de la opa sería algo «excepcional», ya que en este tipo de procesos, si las partes no aceptan los requisitos, «abandonan la operación».

Aunque el análisis está en una fase muy inicial, Fernández sí explicó que se podrían solicitar posibles desinversiones si fuesen necesarias para asegurar la competencia. «Si detectamos un problema y la mejor manera de resolverlo es con una desinversión, se propondrá», indicó. Y recordó que en el caso de CaixaBank y Bankia, ambas asumieron otros requisitos, como el de no eliminar sucursales en aquellos códigos postales en los que solo existía una de ellas. «También se detectó excesiva concentración en seguros y se tuvo que deshacer uno de los acuerdos», insistió Fernández.

Una de las grandes preocupaciones por las que el Gobierno rechaza la operación es que el posible riesgo de concentración tenga efectos «perjudiciales» para los clientes, tal y como indicó esta misma semana el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

El titular de la cartera se refería así al impacto que el proceso de concentración bancaria ha tenido en la baja remuneración de los depósitos a la vista. Algo que también preocupa a Competencia, que desde hace un año elabora un informe para analizar si las entidades han abordado un pacto tácito para no pagar más por los ahorros de sus clientes en este periodo de altos tipos de interés.

«El año pasado expresé que me preocupaba que no hubiese suficiente remuneración de los depósitos y eso es lo que estamos analizando ahora», expresó Fernández, que insistió en su idea de que «el hecho de que haya menos bancos no quiere decir que haya menos competencia».

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