Competencia demora su veredicto en la opa de BBVA tras requerir más información a Sabadell

Así lo explicó la presidenta del organismo, Cani Fernández, durante una comparecencia en el Congreso en la que aprovechó para pedir «paciencia» y «respeto» a este primer trabajo que los técnicos deben realizar «con el máximo rigor». «Como pueden imaginar, en una opa hostil tenemos toda la información del notificante –en referencia a BBVA– pero no del objeto de la operación», indicó Fernández, matizando que este tipo de procesos suelen llevar aparejados momentos de parón en los plazos. «Solo el comprador es el que notifica y para tener la información de la otra parte se hacen requerimientos», explican desde Competencia. En todo caso, fuentes del mercado insisten en que esta situación «va en contra de los accionistas, a los que se les aleja el momento para decidir».

A eso se suma el difícil ejercicio de comparar los datos de la oferta. La presidenta de la CNMC insistió en que las cifras de ambas entidades «en muchas ocasiones no son compatibles», a diferencia de lo que suele ocurrir en otro tipo de opas de carácter amigable «en las que se nos proporciona toda la información después de un largo proceso de prenotificación que en este caso no ha existido». Esa guerra de cifras se ha centrado en las últimas semanas en las sinergias estimadas con la posible unión. Hace solo unos días, el consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, acusaba a BBVA de falta de transparencia en los datos, en referencia a que en un principio se habló de un ahorro de 850 millones de euros, sin especificar que parte de esa cifra llegaría también por la vía del recorte de personal, y no solo por la tecnología.

Del mismo modo, Sabadell ha pedido al banco vasco ser más claro sobre cómo quedarían sus estimaciones si finalmente se da una opa sin fusión. En todo caso, el papel de Competencia se centra en valorar los posibles riesgos de concentración, sobre todo en determinadas regiones donde las dos entidades tienen fuerte presencia en segmentos clave como las pymes. Y, aunque el organismo tiene experiencia en procesos de concentración bancaria en el país, ya ha dejado entrever que se tomará todo el tiempo necesario para analizar las consecuencias de la unión, poniendo en jaque el objetivo de BBVA de culminarla a mediados de 2025.

La ley establece que, tras esta primera fase que tiene un plazo de un mes –prorrogable en caso de necesitar más información, como está ocurriendo– el análisis pasa a una segunda fase de tres meses más. Un periodo en el que los tiempos también pueden alargarse. Después, o se autoriza la opa o se imponen condiciones si se detecta algún riesgo de competencia, para después llegar a manos del Ministerio de Economía, que es quien tiene la última palabra no en la opa, sino en la fusión de ambas entidades.

En este punto, la presidenta de la CNMC se mostró tajante: «No es necesario prohibir una fusión en España para eliminar los problemas de competencia que tenga, como ocurre en otro países», expresó durante su comparecencia ante el Congreso. Todo en un momento en el que el Ejecutivo mantiene su firme rechazo a la operación, justificando el mismo en su preocupación por el excesivo grado de concentración que se generaría.

Frente a este argumento, BBVA siempre ha defendido que el sistema bancario español es muy competitivo, recordando que la fusión entre CaixaBank y Bankia derivó en cuotas de mercado superiores a las que generaría la suma del banco con Sabadell. En aquella ocasión, el 'sí' de Competencia llegó cuatro meses después de que la operación se remitiese; y seis más tarde de que los consejos de los dos bancos la aprobasen. No obstante, se trataba de un pacto entre las partes, no de una oferta hostil como la lanzada por BBVA a Sabadell.