La CNMV acusa al Popular de ocultarle datos en 2016, antes de la ampliación de capital que investiga la justicia

Ese procedimiento administrativo se paralizó al estar abierta una causa penal en la Audiencia Nacional, pero la documentación que le sirvió de base ha sido remitida al juzgado y anunciada a las partes personadas. En ella se explica como los principales dirigentes de la entidad -entre los expedientados también figuran el exvicepresidente José María Arias, junto a los exconsejeros delegados Pedro Larena, Roberto Higuera y Francisco Gómez, además del exdirector financiero Javier Moreno- decidieron no realizar todas las provisiones a las que el Popular estaba obligado por la mayor morosidad de sus créditos e incluso ocultar otras por préstamos nuevos.

Con ello aparentaba una situación financiera menos mala que la real, al presentar «datos inexactos o no veraces», o directamente «información engañosa» o que «omitía información relevante». Precisamente en el folleto de su última ampliación de capital realizada en junio de 2016 el banco daba una previsión máxima de pérdidas de 2.000 millones de euros, pero luego se terminarían convirtiendo en 3.485 millones (un 74% más). Fue, además, el único ejercicio que cerró con números rojos hasta ser intervenido en junio de 2017.

Para la CNMV, aquello no fue algo casual pues estima que «está acreditada la intencionalidad de algunos miembros de la alta dirección de incurrir, al menos, en errores en el cálculo de provisiones de acreditados (los préstamos) analizados individualmente». Esa mala praxis, añade, tuvo un impacto contable negativo antes de impuestos en 2016 de 123 millones.

Aunque el grueso eran créditos inmobiliarios, una parte también financiaba la compra de títulos en la ampliación. Para la CNMV los responsables del banco eligieron «de manera consciente» una «muestra» de provisiones «de forma conveniente», «con objeto de pasar inadvertidas» sus «prácticas irregulares» al «control del supervisor prudencial (Banco de España) y de la firma auditora (PwC)». Ese listado aparentemente tergiversado también fue facilitado al Banco Central Europeo (BCE) y la auditora EY.

El asunto no es baladí por varios motivos. El primero, porque con esa «reasignación de provisiones» Popular incumplió con los requerimientos de la inspección del BCE; de no haberlo hecho, advierte la Comisión en el informe en que basó su expediente sancionador contra la anterior jefatura de la entidad, habría tenido que «incrementar las pérdidas por encima de las estimaciones previstas en la documentación de la ampliación de capital». El segundo, dado que parte de esa masa crediticia que el banco no provisionó «deliberadamente» se destinó a financiar compras de acciones por valor de 284,6 millones de euros, realizadas por un total de 6.061 clientes.

Así, no solo se declararon «unas ratios de capital regulatorio mejores de las reales», sino que en última instancia se perseguía maquillar los balances para atraer a más inversores a su ampliación de 2016, en un período especialmente delicado para el Popular. Por ello, un tercer motivo de la importancia de esas «irregularidades» -como las califica la CNMV- es que entre los delitos que se investigan en la Audiencia Nacional y mantienen bajo sospecha al expresidente Ron y su sucesor Emilio Saracho figuran, aparte de la administración desleal y la apropiación indebida, la falsedad societaria por la manipulación de las cuentas de aquel año.

Puede que incluso también las del primer semestre de 2017 -ejercicio en que terminó perdiendo 12.218 millones de euros-, pues la CNMV aprecia «indicios» de que igualmente «no reflejaban la imagen fiel de la entidad», aunque en este caso habla de «evidencias relativas» a que parte de las dotaciones por préstamos morosos e inversiones inmobiliarias tenían que haberse contabilizado, en realidad, con cargo a 2016, pero no se hizo para no frustrar la ampliación. Incluso, añade el supervisor del mercado, parte de ellas se podrían haber 'disimulado' dentro del paquete de activos del 'ladrillo' traspasado al fondo de inversión estadounidense Blackstone.

Aquella situación terminó provocando una «reexpresión voluntaria» de las cuentas anuales de Popular en abril de 2017, ya con Saracho al frente del banco, pero a juicio de la CNMV se habría quedado corta, al menos, en términos de minoración de su patrimonio. En concreto, estima que ese ajuste debería haber ascendido finalmente a 387 millones de euros en vez de los 240,5 millones que se contabilizaron, es decir, una diferencia de 146,5 millones, prácticamente un 61% más.