Cuatro años de cárcel al exjefe de Banco de Valencia por un fraude de casi 200 millones

Cuatro años de cárcel como autor de un delito de administración desleal es la pena que la han impuesto los magistrados por su responsabilidad en tres operaciones de crédito «altamente arriesgadas» (de 90,4, 77,8 y 29,8 millones de euros, respectivamente) que concedió a sendas sociedades inmobiliarias, propiedad de dos empresarios valencianos también condenados como «cómplices». Son Salvador Vila y Juan Bautista Soler, castigados a su vez con cuatro meses de prisión.

El cuarto condenado -en su caso a medio año de cárcel- es otro exdirectivo de Banco de Valencia, Alfonso Monferrer, exresponsable de sus empresas participadas. El tribunal considera «plenamente acreditado» que Parra –quien ya fue condenado en febrero a un año y siete meses de prisión por otros créditos no justificados–, «sin seguir los protocolos establecidos» por la entidad, ni tampoco «las recomendaciones que anteriormente había hecho el Banco de España para la realización de operaciones de alto riesgo» autorizó tales préstamos, «fundamentalmente» dirigidos a la compra de suelo rústico o para «la refinanciación y pago de deudas anteriores» que las sociedades tenían con el banco.

No aprecia que ese dinero se desviase en parte al bolsillo de los acusados –otros cuatro exdirectivos de la entidad levantina, acusados por la Fiscalía y la acusación particular de la Sareb (el 'banco malo'), han sido absueltos por ello–, ni tampoco a otros fines «diferentes a los declarados». El motivo, sin embargo, no es que no se haya podido demostrar lo contrario, sino que «no existen diligencias de prueba en las actuaciones, documental, testifical o pericial, tendente de forma directa a la investigación de su patrimonio». Es decir, ninguna de las partes pidió durante la instrucción indagar si hubo «distracción» de fondos para invertirlo en otras cosas o apropiarse de ellos «en beneficio propio».

Para los magistrados, no obstante, la mera concesión de los créditos ya causó «un gravísimo perjuicio» al banco y habla de una «actuación fraudulenta» de los condenados. Su gestión en este caso –destacan en la sentencia– «la podríamos calificar de desastrosa» por realizar «de forma indebida y sin diligencia» unas operaciones crediticias «absolutamente arriesgadas y con un claro carácter especulativo, a la vista de las circunstancias de mercado existentes cuando se desarrollaron los hechos», entre 2003 y 2011.

Entre otras deficiencias resaltadas en la sentencia, se señala que las solicitudes de préstamos presentadas por las tres inmobiliarias –condenadas también como responsables civiles– no se analizaron «con un mínimo de rigor». Así, por ejemplo, no se realizó el estudio «necesario» sobre la capacidad de reembolso de las personas (físicas o jurídicas) a las que se daba el dinero, ni tampoco su solvencia, y ni siquiera les exigieron las «garantías suficientes» para atender sus obligaciones en caso de retrasos o impagos. El empresario Vila llegó a declarar en el juicio que no se tasaron las fincas para las que pedían parte de esos créditos porque «sabíamos el precio».

Aunque el perjuicio patrimonial a Banco de Valencia se cifra en 198,11 millones de euros -la Audiencia Nacional afirma incluso que los condenados «pusieron en riesgo su viabilidad económica»-, la indemnización que deberán abonar los cuatro condenados se queda en 168,30 millones porque era lo máximo que pedían las acusaciones. Eso sí, ese dinero se abonará «a su sucesor universal», en este caso CaixaBank que lo adquirió por un euro. Y si el FROB, que le inyectó 5.500 millones en ayudas públicas quiere esos fondos deberá reclamárselos a la entidad catalana en otro proceso.