El destino de los últimos días de convivencia entre las dos vicepresidentas, Nadia Calviño y Yolanda Díaz, parece abocado al choque continuo. Esta vez a cuenta del futuro del impuesto extraordinario a la banca. La tensión llegó a tal extremo que el Gobierno precisó este ... viernes que no tiene intención de modificar el gravamen «en estos momentos», según fuentes ministeriales. Lo estudiarán cuando toque. Y pueden pasar semanas hasta que se reformule el tributo a las entidades, ya con la vicepresidenta primera presidiendo el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y fuera del Consejo de Ministros.
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La ministra Economía parecía dar también la puntilla al impuesto a la banca al considerar que es momento de «revisar» esta figura fiscal. Lo justificó, en una entrevista en Antena 3, por el nuevo contexto financiero que pasa por el fin de la espiral alcista de tipos que ha llevado a los intereses en la zona euro del 0% al 4,5% en apenas año y medio.
El jueves, el Banco Central Europeo (BCE) confirmaba esa tasa, aunque el mercado anticipa ya las primeras bajadas de tipos para 2024. Por ello, la vicepresidenta primera consideró que «es el momento de revisar y ver si hay que ajustar algunos de los parámetros en el nuevo escenario en el que estamos, en el que ya no hay esa subida tan rápida de los tipos de interés y ese alza tan rápida de los precios de la energía».
La titular de Economía argumentó que hay que estudiar el tributo a la banca considerando que «las circunstancias han cambiado y ya no se está ante el mismo escenario de tipos de interés». «Tenemos que ver si en esos dos impuestos hay que hacer algún ajuste o no», apuntó.
La intención real del Ejecutivo, y sobre todo del Ministerio de Hacienda, es la de ir analizando cómo será el nuevo impuesto sin prisas. Porque cuentan con la posibilidad de aprobarlo bien entrado 2024 con efectos desde el 1 de enero. Será la persona que suceda a Calviño quien negocie la aplicación del nuevo gravamen que PSOE y Sumar acordaron extender de forma permanente. Porque Yolanda Díaz volvió a dejar claro que aboga por mantener el gravamen de forma permanente. Para ello recordó a su compañera de gabinete que así quedó recogido en el acuerdo de investidura entre las dos formaciones políticas ante la constitución del nuevo Gobierno de coalición que debe ser «cumplido».
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La vicepresidenta segunda se mostró «en total desacuerdo» con la posibilidad de eliminar este impuesto. «Le diría a la señora Nadia Calviño 'pacta sunt servanda' (lo pactado, obliga) y que acabamos de cerrar un acuerdo con el PSOE, que dio la presidencia del Gobierno al señor Sánchez, en el que, de manera clara, justamente en momentos de crisis de inflación sin precedentes, los que más tienen, más tienen que aportar», añadió. En este sentido, recordó que los datos de beneficios antes de impuestos de las energéticas y de las entidades financieras son «absolutamente contundentes».
Con la intervención de Calviño era la primera vez que un miembro del Ejecutivo se pronuncia públicamente sobre los cambios en el impuesto bancario. Hasta ahora las miradas se centraban sobre el futuro del gravamen energético, sobre el que el propio Sánchez anunció la necesidad de «rediseñarlo» para fomentar e impulsar las inversiones renovables. El presidente había asumido para ello que los precios del gas, la luz y el petróleo ya no estaban tan altos como antes. También la vicepresidenta tercera y titular del ramo, Teresa Ribera, había anticipado la necesidad de aplicar «un valor razonable».
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Sin embargo, nada se sabía por ahora del futuro del tributo bancario, uno de los puntos de fricción más importantes entre el sector y el Gobierno. Los ejecutivos de la gran banca (Santander, BBVA, Sabadell, CaixaBank, Bankinter y Unicaja son los más afectados) insisten en el «error» de aplicar este gravamen, pues consideran que no hay beneficios extraordinarios a pesar de la subida de tipos y porque la rentabilidad del sector aún no ha alcanzado los estándares necesarios exigidos por el mercado.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anticipó a finales de octubre que el Estado había recaudado este año más de 2.900 millones de euros por este tributo a la banca y a las energéticas. De esa cuantía, casi 1.600 millones corresponden a las energéticas y los otros 1.300 a las entidades financieras. En 2024 tendrán que abonar el correspondiente a sus ingresos de este año.
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