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Los bufetes de abogados empiezan a movilizarse tras las informaciones del diario Financial Times que destaparon cómo Irán utilizó una cuenta de la filial británica de Banco Santander (Santander UK) y otra de Lloyds para mover dinero sin ser descubiertos y evitar así posibles sanciones ... internacionales.
Según adelanta el diario Expansión, la firma Frank R. Cruz ha planteado ya una 'class action' (demanda colectiva) a los accionistas que se hayan visto perjudicados por la situación, que el lunes derivó en una fuerte caída bursátil de Banco Santander en Bolsa. En concreto, sus títulos perdieron un 5% hasta los 3,68 euros. Este miércoles cotizaba en 3,71 euros, todavía por debajo de los 3,87 euros previos a la publicación de la información.
A través de su página web se puede acceder a la propuesta de esa demanda colectiva. Los abogados anuncia «una investigación» sobre el banco «en nombre de inversores sobre posibles violaciones de las leyes federales por parte de la compañía». El bufete anima a los inversores a ponerse en contacto con ellos «si compró valores de Santander, tiene información o desea obtener más información sobre estas reclamaciones, o tienen alguna pregunta sobre este anuncio o sus derechos o intereses con respecto a estos asuntos».
Recuerdan además el artículo en el que se señalaba que Irán utilizaba a Banco Santander para «mover dinero de forma encubierta por todo el mundo como parte de un plan de evasión de sanciones respaldado por los servicios de intelegiencia de Teherán».
Santander defiende que cumple con las obligaciones legales y regulatorias al milímetro. «Banco Santander no ha incumplido la normativa estadounidense sobre sanciones impuestas a terceros de acuerdo con nuestra investigación», indicaban esta semana fuentes de la entidad. «El banco cuenta con políticas y procedimientos para asegurar que se cumplen los requisitos relativos a las sanciones», insisten, dejando claro que «Santander continuará colaborando proactivamente con las autoridades británicas y y estadounidenses pertinentes».
De momento, el mercado opta por la prudencia, aunque la principal duda es si habrá alguna investigación por parte de las autoridades -que de momento no ha sido abierta, al menos oficialmente- que pueda derivar en sanciones. En un reciente análisis, los expertos de Bankinter indicaban que aún se desconoce «el importe de las transferencias, los detalles concretos de la operativa y la veracidad de los hechos«. Pero reconocían que el problema es que este tipo de noticias »suele conllevar una investigación por parte del supervisor bancario que audita los procedimientos de control y cumplimiento normativo de las entidades».
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