La Bankia de Rato «obstaculizó» la labor del auditor para falsear las cuentas de 2011, según la Fiscalía

Eso no lo hizo solo. Según la representante del Ministerio Público en este proceso que se lleva en la Audiencia Nacional. Carmen Launa, contó con la colaboración fundamental del entonces 'número dos' de Bankia, el ex consejero delegado Francisco Verdú, así como de los responsables de las áreas de intervención y supervisión del grupo. El objetivo de todo ellos, según lo que a su juicio han deparado varias testificales y también los correos intercambiados con el auditor externo, Francisco Celma, era «evitar la entrega de las tasaciones de activos inmobiliarios, de los inventarios y de los propios estados financieros».

En su exposición, la fiscal describió una serie de actuaciones de «bloque», empezando por «una ausencia de entrega» de la información que requería el auditor externo y continuando con «una aportación pausada» de datos, pero con «deficiencias en la elaboración». Celma «se quejó del retraso» y advertía de diferencias incidencias, además de no conseguir reunirse con responsables del banco, según Launa, quien insistió en que el banco perseguía aplazar en el tiempo «todos los deterioros que se arrastraban desde finales de 2010» -con la 'fusión fría' (SIP) de media docena de cajas de ahorros que alumbró Bankia- y que no solo se ocultaron de cara a la salida a Bolsa, sino que tampoco se incluyeron en las «irreales» cuentas de 2011.

Los primeros resultados de 2011, que se presentaron en marzo de 2012, mostraban un beneficio de 309 millones de euros para Bankia y una pérdida de solo 30 millones para su matriz, el Banco Financiero de Ahorros (BFA). Pero tras la reformulación hecha en mayo por el equipo del actual presidente, José Ignacio Goirigolzarri -quien relevó a Rodrigo Rato tras su renuncia casi forzosa- la entidad financiera entró en números rojos de forma abundante (2.979 millones) y el agujero de la propia BFA se disparó hasta 4.952 millones.

Y eso que los inspectores del Banco de España empotrados en la sociedad le habían advertido con anterioridad varias veces de que entre ambas sumaban un déficit de provisiones de casi 2.200 millones.

Frente a la declaración de Rato y sus altos directivos de que desconocían esos avisos y no se trató de ocultar nada, la fiscal recurrió a los datos: «53.123 activos adjudicados de 294 participadas no se deterioran súbitamente en unos días». «El perjuicio era previo», advirtió al tribunal, y de ello eran «perfectos conocedores» también el entonces interventor general de Bankia, Sergio Durá, y el exdirector de auditoría interna, Miguel Ángel Soria, ambos también acusados.

Del primero dijo que «coordinó la obstaculización de la labor auditoria desde la parte financiera», mientras que al segundo le reprochó haber sido «pieza fundamental» en las trabas al análisis externo de las cuentas porque controlaba toda la información que se daba, su volumen y también la frecuencia.

En cuanto al papel de la propia auditoría interna del banco, Launa apuntó con cierta ironía que como miembros de un comité clave en la entonces cuarta mayor entidad financiera del país, se asume que tenían «recursos intelectuales más que suficientes para comprender perfectamente las detalladas explicaciones que les fueron expuestas por el socio de Deloitte de que debía revisar las cuentas», pero casi hicieron caso omiso de ello.

Curiosamente, y aunque la fiscal le exime de responsabilidad sobre las irregularidades en las cuentas anuales de 2011, sí acusa a Celma por su falta de diligencia respecto a la revisión de los estados financieros de 2010 y primer trimestre de 2011 -es decir, justo los previos a la salida a Bolsa e incluidos en su folleto- por «no hacer ningún tipo de pruebas» y además «consentir» las anomalías.