Bankia manipuló sus cuentas para «no aflorar millones de euros en pérdidas», según los peritos judiciales

Los primeros en intervenir fueron los inspectores del Banco de España Víctor Sánchez Nogueras y Antonio Busquets, designados por el juez instructor Fernando Andreu en 2012 a propuesta del supervisor que, sin embargo, años después terminaría poniendo en tela de juicio sus principales conclusiones e incluso la forma de realizar su trabajo. Los dos empezaron de forma «clara, concisa y concreta: las cuentas anuales de Bankia no reflejaban su imagen fiel». Y eso, advirtieron, «es fácilmente interpretable». La afirmación no resulta sorpresiva porque es lo que vienen diciendo desde que en diciembre de 2014 presentaron sus primeros informes, para sumar un total de seis.

Sí importa más que se reafirmen en todos sus extremos una vez escuchados, entre otros, a más de una veintena de ex altos cargos del Banco de España, la CNMV y el FROB que testificaron semanas atrás. Y frente a las limitaciones temporales introducidas por algunos de ellos, ambos expertos sostuvieron que las «insuficiencias» en los balances de la entidad venían desde sus mismos orígenes, con la constitución del Sistema Institucional de Protección (SIP) -más conocido como fusión fría- que integró a siete cajas de ahorros.

A este respecto tacharon de «anómala» la creación del Banco Financiero de Ahorros (BFA), que operó como matriz de Bankia pese a que ese papel -señalaron- le debería haber correspondido a Caja Madrid por su tamaño mayor de entre todas y, además, porque precisamente por ello terminó imponiendo a muchos de sus directivos. «Lo evidente -añadieron- es que la adquirente debe ser una empresa preexistente». Pero no hacerlo así, explicaron, le daba una ventaja estratégica al «poder contabilizar ajustes a valor razonable con cargo a reservas», algo vetado a la matriz.

Aún así, los dos peritos judiciales señalaron que cualquier ajuste en los balances de BFA habría sido totalmente inusual por el poco tiempo transcurrido y solo justificable por «un evidente deterioro que afecta a la inversión crediticia o a su participada (Bankia)». E incluso en ese caso, defendieron que se debían haber realizado contra la cuenta de resultados. «No es indiferente hacerlo así o contra reservas», insistieron frente a las tesis de algunos testigos de que tendría efectos «neutros», al tiempo que pusieron en duda las «razones supervisoras» que habría esgrimido la comisión ejecutiva del Banco de España para permitirlo.

Pero, ¿qué hubiera pasado de no autorizarlo y realizar los cambios contra resultados? Pues según Sánchez Nogueras y Busquets habrían aflorado «millones y millones de euros en pérdidas», deterioros que terminaron apareciendo «después» con la reformulación de 2012, y «ninguna de las siete cajas del SIP hubieran sido fundamentalmente solidas o viables». «Las cosas en banca no pasan de un día para otro, no puede ser que las cuentan anoten un beneficio de 300 millones y siete meses después reflejen unas pérdidas de más de 4.300 millones», criticaron.

La explicación de las defensas y sus expertos, en la línea de la tesis de la antigua cúpula del Banco de España encabezada por Miguel Ángel Fernández Ordóñez, es que las principales causas fueron la recesión económica y los nuevos requisitos normativos (los dos 'decretos Guindos'). Pero los peritos judiciales rechazaron tal argumento «porque si no el resto de los bancos debían de haberlo hecho también y no fue así». «Lo importante -apuntaron- era que los apuntes contables no reflejaban la imagen fiel de la entidad» y por eso con la reformulación se buscaba corregir «innumerables errores» en los balances que «no habían sido reconocidos» antes.

Sánchez Nogueras y Busquets negaron que hayan existido «discrepancias» entre ellos, aunque sí reconocieron «diferencias temporales», y se reafirmaron en que su trabajo se basa en «una serie de hechos objetivos» sin hacer «estimaciones» sino «analizando datos». Sin embargo, los 13 peritos contratados por los acusados -la mayoría catedráticos financieros y de economía, e incluso uno inspector del Banco de España en excedencia: Rubén Manso- les reprocharon sus «rotundas afirmaciones» y la «pretensión de erigirse en juristas». Pese a sus criticas, algunos reconocieron que la participación de Caja Madrid en BFA-Bankia «debía ser mayor», aunque defendieron como legal la fórmula escogida al final porque, además, «convencía más a todos».