Santander, CaixaBank y Bankia reclaman al Estado 1.350 millones de la indemnización del Castor

En concreto, las tres entidades han formulado hoy ante el Gobierno una «reclamación de responsabilidad del Estado legislador» en la que solicitan la devolución de esta cantidad más los daños causados. La reclamación explica que la inconstitucionalidad del real decreto-ley no debe ocasionar ninguna pérdida a quien ha financiado a los poderes públicos para facilitar una medida de interés general. En caso contrario, consideran que el poder público se beneficiaría de la inconstitucionalidad a costa de las entidades financiadoras.

En la reclamación, Santander, CaixaBank y Bankia ofrecen al Gobierno alcanzar un acuerdo que permita hacer la devolución de una manera flexible, a fin de evitar un grave impacto en las cuentas del Estado o en los consumidores gasistas. De este modo, las tres entidades han ofrecido que, en lugar de devolver de modo inmediato todo el importe reclamado, el Estado lo devuelta de modo gradual, en los mismos términos y con las mismas condiciones (de tipo de interés y de plazo, fundamentalmente) en que estaba previsto en el real decreto-ley 13/2014.

En octubre de 2014, Santander, CaixaBank y Bankia desembolsaron más de 1.350 millones de euros para financiar el cierre del almacén de gas natural Castor, después de que una serie de seísmos despertasen gran alama social entre los vecinos de las provincias de Castellón y Tarragona. El Estado necesitaba ese importe para liquidar con la empresa concesionaria las inversiones realizadas en Castor.

El real decreto-ley 13/2014 extinguió la concesión, «hibernó» la instalación y reguló la compensación a la antigua concesionaria. Santander, CaixaBank y Bankia aportaron los 1.350 millones de euros necesarios para el cierre y el Gobierno, a través del sistema gasista, se comprometió a devolverlos en 30 años.

En diciembre de 2017, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el sistema de compensación previsto en el Real Decreto-ley 13/2014. La razón fue que el Gobierno no había sido capaz de justificar que el empleo de un real decreto-ley (que solo se puede aprobar en casos de verdadera urgencia) estaba realmente justificado en este caso, y que no había tiempo para tramitar una ley «ordinaria». El Tribunal Constitucional, sin embargo, aceptó la extinción de la concesión existente, y aceptó que era necesario pagar al antiguo concesionario el importe de las inversiones que había realizado.