Dos meses después de que se pusiera en marcha el nuevo Código de Buenas Prácticas para proteger a las familias más impactadas por la subida de tipos de interes, las entidades financieras han recibido muchas menos peticiones de ayuda de los clientes de las que ... el vertiginoso aumento del euríbor hacía prever. En concreto, la banca ha gestionado entre 5.000 y 7.000 procesos de reestructuración de deuda, según apuntan fuentes del sector. Unas cifras que incluyen tanto peticiones de información como rúbricas en los cambios definitivos de las hipotecas.
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Así se lo trasladarán este jueves representantes del sector financiero a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en el encuentro que mantendrán, además, junto a las asociaciones de usuarios para anlizar la implementación del protocolo pactado con la banca en noviembre, y que entró en vigor el pasado 1 de enero. Ese acuerdo habilita medidas para reestructurar la deuda hipotecaria (carencia de intereses, prolongación de los plazos, reducción del diferencial, etc.) a las familias más vulnerables que tengan problemas de pago de sus cuotas.
Sin embargo, y a pesar de la complejidad que vivió la negociación de ese protocolo desde el verano hasta antes de Navidad, el número de hogares que presentan solicitudes por ahogamiento financiero es pequeño. La banca sostiene -y así se lo indicará a Calviño- que a pesar del incremento del euríbor y de las cuotas mensuales, la revisión de las hipotecas es «paulatina», indican fuentes financieras, y que se traslada poco a poco ese incremento de tipos.
El índice hipotecario se ha movido entre el 3,3% de enero y el 3,5% de febrero, aunque los préstamos revisados esos meses lo han hecho con las referencias del euríbor de diciembre (3%), noviembre (2,8%) e incluso octubre (2,6%). Se trata de referencias mucho más elevadas que las de 12 meses antes, pero la explosión de los tipos aún no se encuentra reflejado en esas revisiones. La banca admite que ese momento, en el que más clientes noten las subidas, será a partir de ahora, cuando los nuevos cálculos incluyan la referencia superiores al 3% de las últimas semanas, e incluso la del 4% a la que el euríbor se aproxima este mismo jueves.
La evolución del índice durante los primeros días de marzo ha llevado la tasa mensual al 3,85%. Este nivel, además, contrasta con el dato de marzo de 2022, cuando el Euríbor se situaba todavía en negativo en el -0,237%. Un mes más tarde, en abril, el indicador entraba en terreno positivo y desde entonces la tendencia se ha mantenido al alza.
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Se da la circunstancia de que el encuentro entre Calviño y la banca se producirá pocas horas después de la reunión del Banco Central Europeo (BCE) en la que el organismo supervisor decidirá elevar de nuevo los tipos de interés, según apuntan todos sus analistas. La presidenta de la institución, Christine Lagarde, también lo anticipó la semana pasada en una entrevista en este diario. Lo hacen, dijo, para luchar contra «el monstruo» de una inflación que no tiene visos de descender rápidamente, ni de caer al objetivo de estabilidad del 2%.
Los bancos consideran que, además, el impacto aún no es demasiado elevado entre sus clientes, o al menos no se refleja en las peticiones para reestructurar su deuda con el código de buenas prácticas, por el ahorro acumulado en los últimos años, lo que les permite seguir afrontando las mensualidades. Además, la situación macroeconómica, con la tasa de paro controlada y los salarios creciendo, suponen dos factores para la banca que explican esta realidad.
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Por ello, el sector no es partidario de ampliar las medidas pactadas, tal y como ha insinuado en alguna ocasión la vicepresidenta económica, en función de la evolución de estas medidas.
Exclusión financiera
La reunión también servirá para valorar los programas para atarja la exclusión financiera después de la campaña 'Soy mayor, no idiota' del jubilado Carlos San Juan, hace ahora un año.
El Banco de España ha matizado en un documento sobre estas iniciativas que se trata de acciones «de naturaleza diversa» y dependen de la «idiosincracia» de cada país, aunque reconoce que una revisión de estas medidas permite extraer una serie de conclusiones desde una perspectiva comparada.
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Dentro del ámbito privado, destaca el despliegue en varios países europeos de redes de puntos de acceso al efectivo compartidas por diferentes entidades bancarias, aunque admite que su implantación es, por el momento, «relativamente menor» en España.
Respecto a las iniciativas de colaboración público-privada, tanto en España como en el resto de los países europeos, el supervisor resalta la utilización de los acuerdos entre las entidades bancarias y las empresas de correos, que cuentan con una «gran capilaridad» en su red de oficinas; mientras que en el ámbito público, las actuaciones más utilizadas se refieren a ayudas para instalar cajeros automáticos en zonas rurales.
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Por último, señala que la regulación de los niveles mínimos de provisión de puntos de acceso al efectivo mediante la acción legislativa solo está vigente en el caso de Suecia, donde el uso de efectivo es «tan minoritario» que su potencial desaparición supone una amenaza sobre la viabilidad de la infraestructura del efectivo.
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