La banca tendrá hasta un año para instalar servicio presencial en zonas rurales

Bajo esa premisa, el ministerio de Economía firmó el viernes un nuevo protocolo con las principales patronales del sector (AEB, CECA y UNACC) para que en el plazo máximo de un año todos los municipios españoles cuenten con un punto presencial de servicios financieros.

La vicepresidenta y ministra del ramo, Nadia Calviño, recordó que en España existen más de 660.000 ciudadanos de 3.200 municipios no cuentan con ningún tipo de acceso a operaciones tan básicas como las que ofrece un cajero automático. «Está en el interés de las propias entidades llegar a todo el territorio y ser parte de la solución«, indicó durante una comparecencia tras la reunión, a la que también asistió un representante del Banco de España.

En concreto, el compromiso establece que en los municipios de más de 500 habitantes sin servicios financieros, las entidades tendrán un plazo de seis meses para establecer al menos un punto de atención presencial (agentes financieros, cajeros automáticos, ofibuses etc). El Ejecutivo calcula que la medida impactaría en 211.000 personas de unos 250 municipios españoles.

«En el caso de que, transcurridos esos seis meses, no se haya realizado ninguna actuación, el sector se compromete a la instalación de 'cajeros automáticos genéricos' con un plazo adicional máximo de otros seis meses», matizó la ministra.

Ese 'cajero genérico' sería gestionado por un operador específico y daría acceso a operaciones básicas y retirada de efectivo. Y desde el sector insisten en que se seguirá con «riguroso respeto» la normativa de competencia. De hecho, en el periodo inicial de seis meses, «las entidades podrán competir entre sí», según detalló Calviño. Y lo harán con su propia propuesta o a través de licitaciones públicas.

Para los municipios de menos de 500 habitantes sin servicios (casi 3.000 con 446.000 ciudadanos), la opción pasaría por cubrir las necesidades financieras a través de carteros rurales, así como establecer alternativas como el suministro de liquidez a través de establecimientos no financieros como tiendas, gasolineras o carteros rurales. Actualmente unas siete entidades tienen acuerdos con Correos para este servicio.

«Esas soluciones de 'cash back' o 'cash in shop' necesitarían ser implementadas a través de acuerdos con terceros, como ayuntamientos o comercios y permitirán la retirada de efectivo al cliente a través de TPVs de última generación», indican desde las patronales bancarias.

Y es que la colaboración público privada será clave en el proceso, también para la puesta en marcha de nuevos espacios físicios (que incluso podrían ser cedidos por los ayuntamientos), con las condiciones de seguridad adecuadas y conexión a infraestructuras tecnológicas como Internet.

Por su parte, la presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán, insistió en que no se trata de crear oficinas genéricas. «Estamos hablando de cajeros, agentes, carteros rurales... es lo que está en el acuerdo», indicó.

Por otro lado, las entidades que planeen cerrar el único punto de acceso que pueda existir en estos municipios se comprometen a comunicárselo a sus clientes con un plazo de antelación de al menos 4 meses.

Para garantizar este compromiso, el Ministerio de Economía encargará a un experto independiente el seguimiento de la hoja de ruta pactada. Del mismo modo, habrá un informe anual sobre la exclusión financiera en las zonas rurales, que se sumará al que ya publicará el Banco de España antes de que finalice el año.

El problema no es menor. Aunque Calviño recordó que España sigue siendo el tercer país en Europa con mayores puntos de atención presencial bancaria, el goteo de cierre de sucursales ha sido constante desde la anterior crisis financiera.

Según las últimas estadísticas del Banco de España, las entidades nacionales contaban a cierre del segundo trimestre con 46.530 cajeros automáticos repartidos por toda la geografía nacional, 3.971 menos que a cierre de 2019, justo antes del estallido de la crisis sanitaria.

La cifra es, además, la más baja desde el anterior mínimo marcado en el año 2000, cuando el número de cajeros apenas superaba los 44.800. Y también supone un fuerte descenso de casi el 25% desde el pico máximo que se alcanzó en 2008, cuando los ciudadanos podían acceder a 61.714 cajeros automáticos. Es decir, desde la anterior crisis de 2008, han desparecido un total de 15.184 dispensadores de efectivo.

La ministra también adelantó que, en paralelo a esta iniciativa, el Ministerio sigue avanzando en la puesta en marcha de la Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero, con el objetivo de que esta figura, que se lleva debatiendo desde principios de año, entre en vigor en la primera mitad de 2023, aunque todo depende de la agilidad parlamentaria.

El Gobierno también acelerará en las próximas semanas con la banca en posibles soluciones para los hipotecados que están sufriendo la escalada del euríbor.

Durante su comparecencia, Calviño defendió «la buena disposición» del sector en estas negociaciones, recordando que ya existen instrumentos (como la propia Ley Inmobiliaria que facilita el paso de hipoteca variable a fija) para ayudar a determinados colectivos.

No obstante, reconoce que la situación actual puede haber cambiado el perfil de las familias vulnerables, por lo que se buscan medidas alternativas de ayuda que, en todo caso, no vendrían en forma de ayudas directas a las familias.

«De momento hay muy baja morosidad y disponemos de un mecanismo amplio para proporcionar alivio», indican desde el sector. Por su parte, Kindelán recuerda que la situación actual es muy distinta de la de 2012, «cuando había una economía en recesión, con fuertes caídas de empleo y de los precios de la vivienda». «A lo mejor hay que definir de forma distinta el perímetro de colectivo vulnerable», añaden desde CECA.