La Audiencia Nacional investigará otros posibles encargos de BBVA a antiguos policías

Según los abogados del banco, esa ampliación de las pesquisas judiciales le habrían generado «indefensión» al investigarse «a espaldas» suyas. Sin embargo, en un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado referido les contesta que «no ha habido ninguna investigación secreta, sorpresiva o a espaldas de la parte recurrente». Por ello mantiene su decisión de prorrogar la instrucción y practicar nuevas diligencias tras incorporar al caso hechos de la denominada pieza 'Kitchen' e imputar por los mismos tanto a la propia entidad financiera como a varios empleados suyos, todos ellos citados a declarar como investigados a lo largo del mes de octubre.

Esos «hechos nuevos» están relacionados con la contratación de Anbycol, empresa propiedad del expolicía Antonio Bonilla, quien señalado en la investigación judicial como uno de los colaboradores de Villarejo, razón por la cual también se sienta en el banquillo de los acusados en el primer juicio al comisario por sus negocios privados. Además, esos datos aparecen recogidos en dos oficios policiales, uno del 15 de abril de 2021 y otro ampliatorio del 25 de abril de 2022, que reflejarían -conforme expone el propio banco- el contenido de un teléfono móvil de Bonilla.

Sin embargo, según el escrito de la entidad, cuando se encontró esta información el juez «tenía dos opciones: investigar los hechos en la llamada pieza 7 ('Kitchen') o deducir testimonio de los mismos para que fueran investigados en otro procedimiento o pieza, pero no hizo ninguna de las dos cosas». En su lugar, señala, puso fin a la investigación de 'Kitchen', por lo que BBVA entiende que de esa forma se cerró la vía para indagar sobre esos «hechos nuevos».

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 responde que, además de no haber ninguna investigación secreta, «tampoco se ha prolongado de modo artificial una instrucción ni se han acordado diligencias sorpresivas, sino que se ha estimado su práctica tan pronto que se ha recibido el oficio definitivo» y dentro de plazo. «No se aprecia ningún tipo de irregularidad, lesión o menoscabo, ni del derecho de defensa de la parte recurrente ni de las normas que rigen la ordenada prosecución del proceso», insiste el magistrado.

García Castellón afirma que no se está ante «ningún tipo de ilícito novedoso, desconocido y sobre los que no existiera ningún tipo de sospecha (...), sino que la preexistencia de una pieza separada específica sobre tales hechos pone de relieve que ya se tenía conocimiento del sustrato fáctico que nos ocupa, sin perjuicio de que los sucesivos oficios policiales hayan perfilado y concretado las atribuciones delictivas».«La causa es única» y «no cabe realizar ningún tipo de separación, ni establecer fronteras ni operar de modo independiente», sostiene.

En todo caso, el banco esgrimió en su recurso que se trata de hechos que no tienen relación con la contratación de Villarejo. El único vinculo con la 'pieza BBVA' sería, a su juicio, «la mera circunstancia de que Antonio Bonilla fue director de operaciones de esta mercantil tiempo atrás», algo que considera insuficiente.

Por esta razón, los abogados de BBVA -que ya figuraba como imputado antes de estos movimientos- denuncian que «se sigue intentando mantener viva, por todos los medios, una instrucción que está sobradamente agotada». En esta pieza separada del denominado 'caso Tándem', el juez pone la lupa sobre los contratos del banco con Cenyt, el grupo empresarial de Villarejo, para «ejecutar» distintos proyectos al menos entre 2004 y 2017, unos trabajos por los que dicha entidad financiera habría pagado más de diez millones de euros.