Anticorrupción pide imputar a Fainé y Brufau por espionajes de Villarejo

Según confirman varias fuentes judiciales, el informe de los fiscales se ha enviado al magistrado Manuel García-Castellón este mismo viernes. Anticorrupción indica que existen indicios de que pudieron cometer un delito de cohecho activo, y ahora el magistrado debe decidir si les cita a declarar en calidad de imputados, algo que se conocerá, según fuentes jurídicas, la próxima semana.

La primera decisión de trascendencia en esta pieza fue adoptada en noviembre de 2020, cuando el juez acordó imputar al que fuera director de Seguridad Corporativa de Repsol Rafael Araujo y al ex jefe de Seguridad de CaixaBank Miguel Ángel Fernández Rancaño --ambos comisarios, uno en excedencia y otro jubilado-- por esos encargos a Villarejo.

A ellos sumaba la citación como investigados del propio comisario, de su socio Rafael Redondo y del ex subdirector de Seguridad de Repsol Rafael Girona Hernández por delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos.

Según fuentes jurídicas presentes en la comparecencia como investigado de Fernández Rancaño en diciembre de 2020, éste afirmó ante el juez que en 2011 despachó con el presidente de La Caixa, Isidre Fainé, sobre el encargo que, junto a Repsol, realizaron a la empresa del comisario José Manuel Villarejo.

En esta pieza separada que versa sobre el denominado 'Proyecto Wine', y que se abrió a finales de 2019, se indaga en el trabajo ilícito que el comisario jubilado y en prisión provisional habría realizado a través del Grupo 'Cenyt' para la energética y la caja catalana. «Los servicios contratados por los clientes citados al Sr. Villarejo y sus socios, tendrían como objetivo salvaguardar los intereses de ambos clientes, que aparecen como aliados empresariales en un contexto de pugna entre accionistas de referencia en REPSOL YPF SA para tomar el control de la compañía», señala el magistrado en el auto.

Así, se trata de esclarecer si ambas compañías recurrieron al comisario en 2011 para evitar que mediante un acuerdo con la petrolera mexicana Pemex, otro de los grandes accionistas de Repsol, Sacyr Vallehermoso se hiciese con el control del consejo de administración presidido por Antonio Brufau. De probarse, Villarejo habría investigado por encargo una vez más al expresidente de Sacyr, Luis Del Rivero, como hiciera para el BBVA --asunto que se investiga en otra pieza aparte, la 9--.

El juez explicaba que esa maniobra de Sacyr fue detectada por Repsol, y con la ayuda de CaixaBank, paralizaron de manera temporal el desarrollo del plan elaborado por Luis del Rivero retirándolo de la presidencia de Sacyr Vallehermoso, y haciendo lo mismo con su hijo y con uno de sus colaboradores claves, Rodrigo Álvarez Vázquez, que era el encargado de Seguridad. Tras la salida de Del Rivero de la presidencia en octubre de 2011, éste contraataca y maniobra contra el presidente de Repsol, del que trata de obtener información delicada.

Como en otras piezas separadas de la causa, las diligencias se iniciaron gracias a la documentación que atesoraban tanto el comisario como su socio Redondo en sus domicilios. Cabe recordar que Villarejo durante años estuvo registrando reuniones y conversaciones con terceros hasta su detención en noviembre de 2017.

En ese contexto de pugnas por el control de la multinacional es cuando entra en juego Cenyt con el 'Proyecto Wine', en el que debe investigar a Del Rivero (al que se le denomina LR, Rio o River), a su esposa Natividad Martínez, a Rodrigo Álvarez (al que llamaban Cid), y a Fernando Ramírez (denominado Maza). Asimismo, en la contratación de los servicios de Villarejo se interesó recabar información de la petrolera mexicana Pemex, que días antes de conocerse la estrategia de Sacyr realizó una compra de acciones de Repsol.

En los registros domiciliarios se encontraron además de abundante documentación sobre el proyecto cuatro facturas derivadas de este encargo por un importe total de más de 280.000 euros, que fueron abonadas por los clientes Repsol y CaixaBank en una cuenta que era de Cenyt. La policía hizo tras tener esas cuatro facturas un estudio de trazabilidad del dinero y descubrió hasta siete abonos en dos cuentas de Cenyt con cargo a Repsol y CaixaBank cuyo montante ascendería a 413.600 euros.