Anticorrupción pedirá que se investigue a BBVA por el presunto espionaje de Villarejo

Fuentes jurídicas, no obstante, matizaron que ello no prejuzga la responsabilidad penal que pudiera tener BBVA como empresa. Aunque los fiscales encargados de esta causa, Miguel Serrano e Ignacio Stampa, sí disponen por ahora de indicios para estimar que el papel del banco en los hechos investigados pudo no haber sido neutro y, por lo tanto, resulta necesario depurar cuál fue realmente su actuación al respecto y el grado de conocimiento que pudieron tener sus altos responsables.

Según consta en la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón –una pieza separada de la denominada 'operación Tandem' cuyas diligencias están bajo secreto–, el comisario ya jubilado José Manuel Villarejo empezó a realizar una serie de trabajos reservados para BBVA en 2004 y se prolongaron hasta 2017, por los que habría cobrado en total cerca de diez millones de euros. Los servicios los prestó la firma Cenyt, junto a otros socios, y se cree que pudo contar con la colaboración remunerada de miembros de la Policía.

Por eso, entre los delitos que se investigan figuran el cohecho pasivo (pagos a funcionarios), la corrupción entre particulares y la revelación de secretos y/o vulneración de la intimidad. En un segundo plano, pendiente de profundización, quedaría la posibilidad de que se hubiera incurrido también en delitos societarios por uso indebido de fondos procedentes del propio banco.

Los representantes del Ministerio Público se apoyan legalmente en la redacción del artículo 31 bis del Código Penal, y estiman que hay elementos a priori para sospechar que se habrían podido realizar dos clases de delitos que determinarían la responsabilidad jurídica de dicha entidad financiera. De un lado, «cometidos en nombre o por cuenta» de ella –las pesquisas tratan de aclarar si parte de las escuchas (Villarejo y sus socios pudieron monitorizar más 15.000 llamadas gracias a bases de datos policiales) y seguimientos tenían como objetivo a los actores del 'asalto' frustrado a la jefatura del banco entre 2004 y 2005, desde la constructora Sacyr y con el visto bueno del entonces gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero–, o bien «en el ejercicio de actividades sociales» por sus «representantes legales» o quienes, de forma individual como «integrantes» de uno de sus órganos, estaban «autorizados para tomar decisiones» en su nombre «u ostentan facultades de organización y control» dentro de BBVA.

La principal línea argumental que sigue la Fiscalía –y, con ella, el juez instructor– es que habría sido el propio Francisco González quien directamente, o probablemente a través de terceros –se estima que pudo ser el entonces jefe de Seguridad de BBVA, el excomisario Julio Corrochano, en libertad bajo fianza de 300.000 euros tras negarse a declarar el pasado día 5–, ordenó contratar los servicios de Villarejo, o bien de alguna persona de «cualidades similares» que pudiera realizar los trabajos «delicados» que se pretendían, señalan las fuentes citadas. Por eso, en Anticorrupción estiman que también se cumpliría la condición que exige el Código Penal respecto a la responsabilidad jurídica, en cuanto a que los posibles actos delictivos sean «en su beneficio directo o indirecto».

Para quedar «exenta» de la misma –amén de que el Ministerio Público no pudiera probar sus sospechas al final de la investigación– deberían cumplirse hasta cuatro «condiciones» –según prevé el propio Código–: que el consejo de administración hubiera «adoptado y ejecutado con eficacia» un programa de prevención de delitos ('compliance'), que su supervisión la haga un órgano con «poderes autónomos», que los autores del delito hubieran eludido los controles «fraudulentamente» y que «no se hubiera producido una omisión» o «ejercicio insuficiente» de las funciones de «vigilancia y control». Y si solo se pudieran acreditar parte, se valoraría para atenuar la pena en caso de condena.

Lo que en la Fiscalía aún siguen meditando es si pedirán que se investigue también a los consejos del banco en esos años, o bien a alguno de sus miembros –solo tres de los 15 consejeros actuales también lo eran en 2004, cuando se contrató por vez primera a Villarejo–. Es probable que antes se pida más documentación al banco y se espere «al momento procesal oportuno» para decidirlo.

De otro lado, la asociación de usuarios y clientes de servicios financieros Adicae presentó este jueves un escrito ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional para pedir su personación en el 'caso Villarejo'. Su argumento, que en los próximos días estudiará el juez García Castellón, es que según parte de las escuchas publicadas por algunos medios la propia organización o alguno de sus responsables también habrían sido espiados años atrás por el comisario jubilado o personas de su entorno, supuestamente por encargo de BBVA o alguno de los responsables del banco.