Anticorrupción pide cuatro años de cárcel para Rato por los contratos de publicidad «a dedo» en Bankia

El Ministerio Público ha decidido reclamar para el que fuera vicepresidente económico del Gobierno la mayor pena que el Código Penal prevé para dicha conducta debido a la gravedad, que a su juicio, revisten los hechos investigados. Y es que según el órgano que dirige el fiscal jefe Alejandro Luzón, actuó «con desprecio del principio de lealtad a que le obligaba su cargo» y con la única meta de «sacar provecho económico personal», este caso al menos sendas transferencias por un valor total de 835.000 euros realizadas entre 2011 y 2012 a la firma Kradonara, una de las sociedades instrumentales con las que ha ido gestionando su patrimonio y a las que se llega a tachar de «comisionista oculto».

Todo ocurrió durante su etapa como presidente de Bankia (2011-2012), a la que llegó por desempeñar el mismo puesto en Caja Madrid (2010) y previo paso por la dirección general del Fondo Monetario Internacional (FMI). A juicio de la Fiscalía, Rato se sirvió de tres personas con las que mantenía «lazos personales y profesionales» hace años -su secretaria personal, Teresa Arellano; el administrador de sus empresas familiares, Miguel Ángel Montero; y su antiguo colaborador mientras estuvo en el Gobierno y luego nombrado consejero ejecutivo del banco, José Manuel Fernández Norniella- para «canalizar el cobro de comisiones, coloquialmente 'astillas'», desde las empresas «que buscaban ser contratadas» por la referida Bankia.

Junto a otros tres acusados -el consultor Alberto Portuondo, la también intermediaria Beatriz Colomer y Miguel Robledo, quien fuera responsable de comunicación externa de la entidad financiera- habrían constituido un «auténtico grupo de presión» dentro del órgano que gestionaba la publicidad, prosigue el escrito de calificación, si bien matiza que era el propio Rato quien «manejaba los hilos de la contratación». Él fue, según el fiscal, quien introdujo al citado Portuondo en dicho círculo para «favorecer» la adjudicación «a dedo», en concreto a las agencias de publicidad Zenith y Publicis.

Ambas, prosigue el representante del Ministerio Público, accedieron «en condiciones ventajosas y preferentes» a los 'concursos' de publicidad «que se iban a orquestar», término que usa con ironía pues no hubo tal proceso abierto. Y los responsables de dichas empresas, insiste, eran «sabedores de las ventajas que el pago de comisiones les iba a generar». Por eso también se sentarán en el banquillo de los acusados, al igual que las propias compañías como personas jurídicas; en total, 17 imputados (15 personas físicas) con Rato a la cabeza, que se enfrentan a penas de entre tres y cuatro años de prisión, además de multas individuales de 2,5 millones de euros.

El expolítico metido a financiero, ahora convertido en reo por sus excesos con las tarjetas «black», les adjudicó una serie de contratos -según Anticorrupción- «pese a la existencia de otras opciones más favorables económicamente y de espaldas a cualquier autorización por el consejo de administración del banco». Por su parte, las dos agencias firmaron sendos contratos de comisión por «supuestos asesoramientos» y cantidades «completamente injustificadas», dado que «respondían en realidad» a un «peaje» para lograr jugosos acuerdos económicos.

En concreto, fueron 11,7 millones de euros para Publicis entre 2011 y 2012 -de los que se llegaron a pagar 8,8 millones- pese a que antes de la llegada de Rodrigo Rato no había tenido ni a Caja Madrid ni a Bankia como clientes. Por su parte, Zenith firmó en esa misma etapa con el banco contratos publicitarios por valor de 53,2 millones -de los que se abonaron finalmente 42,9 millones-, cuando con la caja de ahorros apenas había facturado 200.000 durante la etapa anterior de Miguel Blesa.

El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, concluyó el pasado 21 de febrero la instrucción de este caso de presunto trato de favor, dictando auto de procedimiento abreviado. Una vez que la Fiscalía ha presentado su escrito de acusación -y salvo que se encuentren defectos de fondo-, dictará la apertura de juicio oral en las próximas semanas. No obstante, antes tendrá que esperar a que la Audiencia Provincial resuelva los últimos recursos de Rato, que defiende sus cobros como pagos «lícitos» de intermediación de su sociedad y no de él.

Según la Oficina de Investigación contra el Fraude (ONIF), el expolítico controlaría -de forma directa o indirecta a través de su entorno personal- un patrimonio de «al menos» 26 millones de euros. Buena parte del mismo no habría sido declarado a Hacienda, conforme a las conclusiones de la Agencia Tributaría, que le atribuye un presunto delito fiscal por importe de 5,4 millones de euros correspondiente a los ejercicios de 2014 y 2015, los únicos que no habrían prescrito.

Además, se le investiga por presunto blanqueo de capitales al haberse detectado movimientos en el extranjero por valor de 7,8 millones, con ingresos en cuentas de sociedades radicadas en paraísos fiscales y controladas por Rato. Esta podría ser la pieza siguiente en concluir, dado que la Audiencia Provincial de Madrid ha conminado a ello pese a la insistencia de la Fiscalía por recabar datos de más de una docena de cuentas en territorios «offshore» como Mónaco, Suiza y Panamá, entre otros.