El FMI adelantó su informe crítico sobre Bankia por iniciativa propia, según el FROB

«Fue una decisión del FMI», declaró ante el tribunal tras la controversia generada respecto a si el Gobierno pudo presionar para publicar ese informe con premura, en un supuesto intento por ahondar en los problemas de Bankia y acelerar el relevo de su presidente en aquella época, Rodrigo Rato. Así lo declararon en la vista oral tanto él como los miembros de su antigua cúpula. El testimonio de Christine Lagarde, actual directora gerente del organismo, podría despejar las dudas pero por razón de su cargo no declarará en persona y tampoco, en principio, por videoconferencia, mientras que la opción del cuestionario escrito se está alargando en exceso.

Una nota interna del Fondo, aportada al sumario por la defensa de Rato, señalaba que esa anticipación había sido «a requerimiento del Gobierno» español. Sin embargo, el exministro Luis de Guindos lo negó al prestar testimonio y restó importancia al contenido del informe porque solo vino a «ratificar» lo que ya se sabía. Esto es, que una vez «agotadas» las opciones para una recapitalización privada de la banca española, podría ser necesario un «mayor recurso a la financiación pública» para preservar la estabilidad financiera y rescatar entidades «problemáticas», en referencia a Bankia.

De Guindos añadió que el FMI no se deja influir por un Gobierno, y Carrascosa puntualizó este lunes que «lo lógico es que se hable con el Ejecutivo». «El ministro seguramente lo autorizaría», apostilló, aunque dijo que es «de pura lógica» para ahorrar trámites burocráticos. «Estoy seguro de que en muchos casos ha sido así», apuntó. En cualquier caso, el Fondo le trasladó de palabra -a través de su directora adjunto de Mercados Monetarios, Ceyla Pazarbasioglu- que estaba «muy preocupado porque la situación no acaba de mejorar», pese al decreto de saneamiento del sector, y su valoración tampoco subía.

En otro testimonio también prestado este lunes, y ya sobre la controvertida labor de la auditora Deloitte -que se sienta en el banquillo de los acusados como persona jurídica, al igual que su socio Francisco Celma-, la expresidenta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), Ana Martínez-Pina, explicó las razones de que fuera multada en 2013 con 12,8 millones de euros, luego rebajados a 10,4 millones. Se consideró que incurrió en varias faltas graves y ausencia de independencia porque, a la vez que revisaba los estados financieros consolidados de Bankia, le asesoró para salir a Bolsa.

Según la exresponsable del ICAC, la auditora no practicó pruebas para verificar si la nueva situación de crisis en el período 2010-2012 tenía impacto en la valoración de activos y pasivos del banco. Tampoco -conforme declaró al tribunal- se analizaron de forma correcta algunas partidas, riesgos y deterioros, lo que podría generar que «esas cuentas no reflejen su imagen fiel», sobre todo porque los elementos del balance que sí estudió eran «muy poco significativos» -en vez de haber tomado muestras de distintas partidas-, lo que impediría poder extrapolar unas conclusiones fiables.