Los accionistas minoritarios de Bankia claman por el fiasco bursátil: «Nos dijeron una cosa que luego no fue»

«Nos sentimos engañados, estafados… nos dijeron una cosa que luego no fue», clamó uno de ellos en una queja repetida por la mayoría, hasta el punto de que la propia presidenta del tribunal de la Audiencia Nacional, la veterana Ángela Murillo, se interesó precisamente por los mensajes que les trasladaron los empleados de Bankia con los que firmaron la compra de acciones y, en especial, cuando se trataba de los propios directores de las oficinas. También la fiscal anticorrupción Carmen Launa incidió en este aspecto, al poner en duda que se hubieran explicitado a los clientes todos los riesgos que acarreaba su inversión.

La representante del Ministerio Público, que se negó al principio del juicio a la exculpación anticipada del grupo BFA-Bankia tras alegar éste que solo quedaban una mínima parte de afectados por resarcir, puso el acento en la publicidad desplegada por la entidad en aquella época -en los anuncios salíasu entonces presidente, Rodrigo Rato, que según algunos afectados les generaba «confianza» y les decía que «nos sentiríamos un poco banqueros»- y en la «trascendental rebaja» que sufrió el precio de la acción desde lo que se expuso en un principio en el folleto remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Allí se hablaba de un valor de 15 euros por título, que tiempo después se rebajaría hasta una franja con un suelo de cuatro euros, aunque finalmente saldrían a 3,75 euros el 20 de julio de 2011.

Este extremo ha sido fuente de polémica durante anteriores sesiones de la vista oral, pues mientras las antiguas cúpulas de Bankia y el Banco de España lo veían «normal en el mercado», otros altos cargos admitieron la influencia negativa de una rebaja tan fuerte. Para el que fuera jefe de la división de Normativa Contable del supervisor, Jorge Pérez, ese «bestial» descuento «nos inquietó bastante (en su departamento)» porque venía a «evidenciar» que las cuentas del ejercicio anterior (2010) «no se correspondieran con la realidad», e incluso el exsubgobernador Javier Aríztegui reconoció que tuvo un «efecto desestabilizador», aunque dijo a continuación que sí se asume «tiene arreglo».

Para los minoritarios también resultó decisivo en su pérdida patrimonial. «Siempre se contempla un descenso», dijo uno de ellos tras ser preguntado este miércoles por uno de los abogados de las acusaciones sí había descontado que habría un recorte tan importante en el precio. «Pero no a nivel de tener 1.600 acciones y quedarme con 160 -apostilló a su respuesta-; era algo que no me entraba en la cabeza». No obstante, varios de ellos reconocieron que no se llegaron a leer el folleto ni otros documentos que, en teoría, se les habrían facilitado desde el banco.

La mayoría no los revisó porque, según su testimonio, confiaban en los empleados de las oficinas y sus directores. «Ellos mismos nos decían que iban a comprar… como va a pensar uno que en tu sucursal de toda la vida te pueden mentir», declaró uno tras relatar que llevaba en ella desde 1965 y «siempre con la misma directora». Buena parte, sin embargo, centró sus críticas en la propia Bankia y no en sus trabajadores. Otros apuntaron que en las explicaciones que les dieron se destacaron los posibles beneficios pero no así los riesgos, mientras que alguno declaró directamente que aunque se hubiera leído el folleto no lo habría entendido «porque no tengo estudios».

Su reclamación ante el tribunal fue doble, y varios pusieron en valor la «moral» por encima de la económica porque se sienten «engañados por una entidad» en la que tenían depositada su «confianza». De ahí que pese a que el banco ha devuelto ya casi 1.900 millones de euros a cerca de 225.100 cuentas inversoras, correspondientes a su inversión inicial más un interés nominal del 1%, insistieron en que exista una condena a BFA-Bankia. Quedarían por resarcir dos centenares de inversores -205 personas físicas y cuatro jurídicas-, aunque la entidad reduce su compensación conjunta a menos de dos millones, pero algunos demandan que se les indemnice conforme al interés legal del dinero, un 31,5% acumulado desde 2011 hasta hoy.