Anticorrupción pide 5 años para Rato por estafa a los inversores en Bankia

El fiscal pide además que se imponga a cada uno de los cuatro acusados una multa de 60.000 euros. Asimismo, solicita que declaren como testigos el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el resto de técnicos del organismo que declararon durante la instrucción y el actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri.

La Fiscalía Anticorrupción constata en su escrito de acusación en el caso de la salida a Bolsa de Bankia que el expresidente de la entidad Rodrigo Rato y el resto de directivos del Consejo de Administración del año 2011 ocultaron un "riesgo cierto y real" a los inversores, el de "un negocio que iba a requerir de importantes ayudas económicas adicionales".

El Ministerio Público califica de "espectacular quebranto" el hundimiento de Bankia y recuerda que fue reconocido casi un año después de su salida a Bolsa por una situación que, según asegura, "los responsables de dicha salida se cuidaron de ocultar a los potenciales inversores para no frustrar la operación".

Anticorrupción admite que los acusados suscribieron un folleto en el que informaban "de manera exhaustiva de los factores de riesgo que conllevaba la oferta de los títulos de Bankia", llegando a identificar hasta 36, pero remarca que estas advertencias "estaban más pensadas para proteger al emisor ante eventuales futuras reclamaciones que la inversor, especialmente el minorista, incapaz de asumir semejante lista de riesgos".

"El cúmulo de contingencias descrito, precisamente por su extraordinaria amplitud, acabó dibujando un riesgo remoto y ocultando, por el contrario, el riesgo cierto y real: el de un negocio que iba a requerir de importantes ayudas económicas adicionales", explica.

El Ministerio Público comienza su relato de los hechos que llevaron a la salida a bolsa de Bankia afirmando que la integración de las siete cajas de ahorro que conformaron BFA fue impulsada "por las autoridades económicas y monetarias en términos que para la propia Dirección General de Supervisión del Banco de España conllevaba 'una fuerte presión'" para que se acometieran procesos de integración en el sistema financiero español.

Por lo que respecta a la salida a Bolsa, Anticorrupción afea a los acusados que toda la información que ocultaron a los inversores sobre la verdadera situación de la entidad "contrastaba" con la intensa campaña publicitaria que explicaba la "supuesta potencia del grupo". Así, recuerda el eslogan de 'Hazte bankero' utilizado en dicha campaña y las alusiones a los "11,2 millones de clientes, 21.000 empleados, 3.500 oficinas, 7.500 cajeros y 272.000 millones de activos totales del grupo".

"Paralelamente, la dirección de Bankia encomendaba a la red de oficinas de las cajas el enorme esfuerzo de vender las acciones entre sus clientes habituales, la gran mayoría de ellos depositantes y cuentacorrentistas, quienes, de este modo, nunca recibieron información adicional acerca de la debilidad del proyecto, ni públicamente a través del folleto ni privadamente de los empleados de las sucursales", reprocha el escrito.

En cuanto a la inversión mayorista que se requería también para la operación de salida a Bolsa, la Fiscalía indica que "tampoco fue fácil" debido a que estos inversores disponían de "mayores recursos para acceder a una información notablemente superior" a los minoristas.

Por ello, Bankia recurrió a la "colocación de acciones a acreditados con operaciones refinanciadas y con retrasos generalizados en el pago de las cuotas o a otros que sólo compraron porque Bankia les protegió de las minusvalías futuras que pudieran registrar las acciones, caso de Corporación Gestamp".

"Fue así que se consiguió sacar adelante una operación en la que los inversores minoristas asumieron un riesgo extraordinariamente superior al que conlleva siempre una inversión bursátil, merced a una información que no les advertía de los riesgos ciertos de su inversión al socaire de una ficticia apariencia de credibilidad y solvencia", explica.

Y aún más, los potenciales inversores "tampoco fueron advertidos en el folleto o en la información complementaria difundida sobre las consecuencias del fuerte descuento del precio de las acciones, que chocaba frontalmente con las expectativas de recuperación de los flujos recogidos en las valoraciones contables que los principales responsables de Bankia habían considerado como las óptimas y adecuadas para preparar la información contable".

"Esta circunstancia, junto con la incapacidad de la entidad de generar beneficios, ocultadas ambas a los inversores, evidenciaba la inviabilidad de Bankia y su necesidad de solicitar nuevas y cuantiosas ayudas públicas", subraya la Fiscalía Anticorrupción.

"La salida a Bolsa, con un descuento del 74 por ciento sobre el valor contable, llevaba implícito lo que se quería evitar: el incumplimiento del coeficiente de solvencia. Ello determinó que sólo unos meses después el FROB se viera obligado a facilitar nuevas ayudas públicas, entrando en el capital de BFA y Bankia", apunta.

El Ministerio Fiscal señala a Rodrigo Rato, el exvicepresidente José Luis Olivas Martínez, el exconsejero José Manuel Fernández Norniella y ex consejero delegado Francisco Verdú Pons como aquellos directivos que tuvieron "especial responsabilidad en que la salida a Bolsa se llevara a cabo sustrayendo a los inversores la información esencial acerca de la verdadera situación patrimonial de Bankia y su inviabilidad". Señala a los cuatro como responsables y son los únicos para los que pide penas de prisión.

Sobre Rato concretamente, Anticorrupción sostiene que, como presidente que era de la entidad, "aportaba el prestigio a ojos de buena parte de los inversores que le otorgaban sus pasadas responsabilidades en el Gobierno de España y en el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Rodrigo Rato encarnó el ficticio mensaje de solvencia y buenas perspectivas de Bankia, muy alejadas de la realidad", resalta la Fiscalía, que afea al exvicepresidente económico del Ejecutivo que el mismo día de la salida a Bolsa insistiese en que Bankia tenía "unas premisas de gestión muy claras, centradas en la solvencia, la gestión rigurosa de riesgos en todas las fases del ciclo y la eficiencia y austeridad de costes".

Para el Ministerio Público, José Luis Olivas "conocía perfectamente la crítica situación" de la entidad cuando salió a Bolsa, "bien distinta de la presentada a los inversores", mientras que de Fernández Norniella destaca "su buen conocimiento de la situación del grupo y su relación de plena confianza con el presidente Rato".

De Francisco Verdú Pons, la Fiscalía subraya que "tuvo un especial protagonismo en la salida a Bolsa de la entidad, asumiendo la responsabilidad por el contenido del folleto y la veracidad del mismo", al tiempo que "procuró que se cubriera a toda costa el tramo mayorista de la emisión, imprescindible para que tuviera éxito la operación diseñada".

Anticorrupción concluye en su escrito de acusación que "poco después" de la salida a Bolsa "empezó a evidenciarse a grave situación financiera de Bankia, expresada en los correspondientes informes de seguimiento del Banco de España". "Al cierre de 2011 se reconoció ya que Bankia presentaba una situación que requería de ayudas públicas porque la generación de resultados recurrente era claramente inferior a sus necesidades de saneamientos", explica.

Además, en abril de 2012 un informe del FMI alertaba de las diez entidades más vulnerables de la banca española y la más importante de todas ellas fue Bankia, destacando que requería dinero público. Sin embargo, el informe de gestión que la propia Bankia envió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en mayo de ese año "todavía describía un ficticio escenario de solvencia del grupo".