El Gobierno tarda cuatro meses en aprobar la comisión de seguimiento de las cláusulas suelo

El decreto aprobado hoy e impulsado por el departamento que dirige Luis de Guindos obliga a los bancos a remitir información sobre el proceso, algo a lo que hasta ahora han sido bastante reticentes en su mayoría. En concreto, deberán remitir el número de solicitudes presentadas, las que han terminado con acuerdo y las que no ha sido posible llegar a tal acuerdo, así como los motivos.

También deberán comunicar el importe correspondiente a las solicitudes presentadas, las que han terminado con acuerdo y las que no ha sido posible llegar a tal acuerdo.Asimismo, el número e importe de las medidas compensatorias distintas de la devolución del efectivo que hayan ofrecido a los consumidores (los afectados podrían decidir dedica ese dinero a amortizar la hipoteca).

Por último, la entidades financieras también deberán informar sobre el sistema que haya implantado para garantizar la comunicación previa a los consumidores, cuyo préstamo hipotecario tiene incluidas cláusulas suelo. Con todos estos datos la comisión publicará semestralmente un informe en el que se evaluará el grado de cumplimiento del mecanismo extrajudicial de reclamación.

Hasta ahora sólo Bankia ha informado regularmente de muchos de estos datos. La entidad nacionalizada ha abonado casi 170 millones de euros a 34.000 clientes que reclamaron lo cobrado por las cláusulas suelo. El banco puso en marcha además un procedimiento de devolución exprés más ágil que el mecanismo aprobado por el Gobierno.

Críticas de los consumidores

La idea de este mecanismo de reclamación gratuito aprobado por el Gobierno en enero era agilizar un proceso que puede afectar a cerca de 1,5 millones de personas con cláusula suelo en su hipoteca, según algunas estimaciones. El objetivo también era evitar la congestión de los juzgados. Sin embargo, las asociaciones de consumidores consideran que no ha cumplido los objetivos.

"El decreto iba a ser una solución global y no ha funcionado", explica Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin). Así, critica que el mecanismo extrajudicial diera a los bancos tres meses de plazo para contestar las reclamaciones cuando la normativa sobre atención al cliente les obliga a hacerlo en dos. Además considera que la creación de la comisión de seguimiento "llega tarde" al haberse cumplido ya los primeros tres meses para aquellos clientes que hicieron las primeras reclamaciones.

Un tiempo en el que muchas reclamaciones han sido desestimadas por los bancos. Desde Asufin explican que los principales argumentos utilizados por las entidades financieras para rechazar las demandas son argumentar que las cláusulas eran transparentes o que la sentencia del Tribunal de la UE no es de obligado cumplimiento.

"El decreto ha demostrado no sólo un monumental fracaso en la defensa de los consumidores, sino su propio carácter engañoso y de protección del sector bancario", explican desde la asociación de consumidores Adicae. Asimismo, sostienen que la comisión aprobada hoy es una "quimera vacía de eficacia que sólo persigue legitimar el abuso al que están siendo sometidos por los bancos cientos de miles de consumidores".

En cualquier caso, desde las asociaciones de consumidores recuerdan a los afectados que aunque sus reclamaciones sean denegadas por los bancos los pueden acudir a los tribunales.