El juez procesa a Rato, Acebes y otros 32 exadministradores de Bankia por la salida a Bolsa

El magistrado transforma así las diligencias previas que venía instruyendo en un procedimiento abreviado para proceder contra 34 personas físicas y jurídicas, con la propia Bankia y su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), a la cabeza como responsables civiles de las actuaciones irregulares de su antigua cúpula ejecutiva.

Al frente de la misma, y como principales acusados, figuran el expresidente Rodrigo Rato, el ex consejero delegado Francisco Verdú, y los antiguos consejeros Jose Luis Olivas (expresidente de Bancaja) y Jose Manuel Fernández Norniella (colaborador de Rato cuando estaba en el Gobierno).

Así hasta una treintena de ex altos cargos del banco, a los que Andreu imputa en concreto sendos delitos de falsedad en las cuentas de los ejercicios 2010-2011 y fraude de inversores, por incluir datos falsos en el folleto informativo para la polémica salida a Bolsa de la entidad financiera en el verano de 2011.

Asimismo, procede contra el auditor externo de Deloitte Francisco Celma, debido a los dos informes favorables que elaboró sobre los estados financieros de Bankia en los meses previos a su estreno en el mercado. Sin embargo, archiva las actuaciones respecto a su empresa como persona jurídica porque, con arreglo a la ley, sus socios tienen autonomía, aunque le mantiene imputada como responsable civil de cara a afrontar el pago de posibles indemnizaciones si al final el caso terminara con condenas.

Los supervisores, fuera

Quienes si quedan fuera de la causa totalmente son los responsables en aquella época de los órganos supervisores, tanto el financiero como el de los mercados. Entre ellos figuran el ex gobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordoñez y su entonces 'numero dos' Javier Aríztegui, así como el e presidente de la CNMV Julio Segura. No obstante, la acusación popular aun puede recurrir esta decisión ante la Sala de lo Penal de la Audiencia, que en febrero pasado ordenó a Andreu imputarles pese a su negativa inicial.

Tras tomarles declaración a mediados de marzo el juez descarta ahora su responsabilidad penal, pues considera que la acusación no ha explicado que criterio sigue para atribuirles delito alguno ni tampoco para imputarle solo a una decena de cargos por unas decisiones que fueron colegiadas y no de carácter personal. Eso sin olvidar, añade, que ninguno participó en el proceso de falsificación de las cuentas anuales que están bajo cuestión.

Mas en concreto, Andreu sostiene que la CNMV adoptó las medidas legalmente establecidas para la protección de los inversores y no parece razonable- señala- exigirle que constatara por sus propios medios que los estados financieros incluidos en el folleto y avalados por el auditor representasen la imagen fiel de la entidad. Y sobre el Banco de España afirma que no fue decisión suya la salida a Bolsa, aunque no se opusiera a ella, y que no ha participado en la ficción de aparentar solvencia donde no la había.

Una decisión "errónea"

El juez recuerda que la conducta que se persigue es la de falsear los estados financieros y no el hecho de acordar, o autorizar, una Oferta Pública de Suscripción (OPV) de acciones. Y en todo caso, añade, la "incorrecta o errónea" decisión de salir a Bolsa, aun "perfectamente legítima" de inicio, podría ser objeto de examen y de exigencia de responsabilidad en otro foros, más no en éste, al carecer de relevancia penal.

Basándose fundamentalmente en los informes de los dos peritos judiciales, sendos inspectores del Banco de España, Andreu concluye que ni los estados financieros individuales y consolidados de BFA a 31 de diciembre de 2010 y a 31 de diciembre de 2011, ni tampoco las cuentas anuales de Bankia de 2011, reflejaban la imagen fiel de la situación económica de la entidad.

Mas concretamente, acusa al anterior equipo gestor encabezado por Rato de aprobar unas cuentas maquilladas sobre la verdadera situación de las entidades que administraban". Y por ello, añade, "no mostraban su verdadera situación económica, con el consiguiente perjuicio tanto para los que posteriormente suscribieron acciones de la mercantil cotizada, como para el Estado.

Además, el magistrado hace especial énfasis en que estamos ante un tipo de infracciones que cobran especial singularidad cuando perjudican la economía nacional, como apunta incluso el Tribunal Supremo en varias sentencias. Y el principal motivo de ello, señala, es que " su repercusión en la economía nacional es de tal intensidad que sus crisis (las de entidades del tamaño de Bankia) pueden afectar seriamente a la estabilidad económica del sistema.