Primer ingreso en prisión de los banqueros que arruinaron las cajas

La Audiencia Nacional ordenó este lunes al mediodía la detención de los cinco y su posterior ingreso en prisión. Se trata de José Luis Pego, exdirector general de la macrocaja de ahorros gallega; Gregorio Gorriarán, exjefe de su división inmobiliaria; y Oscar Rodríguez, responsable de la oficina que se creó para facilitar la unión de Caixanova y Caixa Galicia. Los tres fueron condenados por autoconcederse en 2010 sendas prejubilaciones multimillonarias ante el temor a ser despedidos por la inminente fusión de su entidad.

Los otros dos encarcelados son el excopresidente de NCG, Julio Fernández Gayoso, y el abogado Ricardo Pradas, quien aconsejó en ese proceso, considerados ambos «cooperadores necesarios» para que los tres primeros pudieran darse aquel retiro dorado sin tener en cuenta la delicada situación de la macrocaja. Según el último cálculo del Tribunal de Cuentas, terminó precisando 9.159 millones de euros para su reflotamiento y evitar así la quiebra.

En primera instancia, la Audiencia Nacional condenó en octubre de 2015 a dos años de prisión a cada uno de ellos como autores de sendos delitos de administración desleal y apropiación indebida. Por el contrario, un sexto encausado, Javier García Paredes, quien fuera adjunto al director general de NCG, resultó absuelto en el juicio tras reconocer los hechos y devolver los 5,6 millones que cobró de forma indebida.

En septiembre pasado el Tribunal Supremo confirmó esas penas, pero sus miembros reprocharon a sus colegas de la Audiencia Nacional que hubieran sido demasiado blandos en su condena -«llamativa lenidad» fue la expresión que usaron-, al no ver ésta en modo alguno «proporcional» a los «actos de deslealtad» de los cinco reos con la entidad que administraban. «Los acusados -subrayaron entonces los magistrados- hicieron suyas esas cantidades con un mecanismo expropiatorio que va mucho más allá de la adopción de actos erróneos en el ejercicio de sus facultades de administración».

Amén de la crítica jurídica a la Audiencia por su «desorden expositivo», su «censurable metodología» y su «razonamiento manifiestamente mejorable» -aunque decía compartir las líneas generales de la primera sentencia-, el alto tribunal ordenaba corregir las cuantías de las indemnizaciones y concretar a quién se debía pagarlas (el FROB como rescatador con el dinero público, o NCG banco como sucesor del negocio de las cajas gallegas). La cantidad final fue rebajada de esta manera hasta los 10,4 millones (las prejubilaciones aprobadas en 2010 se aproximaban a los 22 millones aunque no llegaron a completarse) y se ordenó a los condenados su pago: Pego, Gorriarán y Rodríguez como responsables directos; Fernández Gayoso y Pradas de forma subsidiaria.

Agravantes en su contra

Pero esta última suma tampoco llegó a ser cubierta y ese es precisamente uno de los criterios que los jueces de la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia han tenido en cuenta ahora para ordenar su ingreso en prisión, como pedían la Fiscalía y las acusaciones aunque en contra de las alegaciones de las defensas. También han considerado en su decisión la gravedad de los hechos juzgados -el Supremo puso el énfasis en ello- y que tienen otras causas pendientes por supuestas irregularidades en Novacaixagalicia como, por ejemplo, sus polémicas participaciones preferentes.

Que no tuvieran antecedentes penales hasta entonces y que sus penas fueran inferiores a dos años no ha evitado su ingreso en prisión -tras ser arrestados estaba previsto que ingresaran este lunes por la noche en los centros penitenciarios más próximos-, pese a que la costumbre más extendida era no hacerlo por debajo de ese límite. Aunque ha habido excepciones. Otros condenados de relevancia pública como Isabel Pantoja, dos años por blanqueo de capitales, o los implicados en el caso Pallerols (dos ex altos cargos del partido nacionalista catalán Unió y un empresario), sentenciados solo a un año y medio por desvío de fondos públicos, ya siguieron en su día el mismo camino.

El Supremo lamentó no haber podido «imponer unas nuevas penas que incrementen las establecidas» en el caso de NCG. Y no lo hizo porque quedaba fuera de sus atribuciones al no pedirlo, de forma llamativa, ni la Fiscalía ni las acusaciones.