El Tribunal de Cuentas cifra en 60.718 millones el coste de recursos públicos para sanear la banca

Esta estimación del coste para el erario público del proceso de reestructuración no se puede considerar "definitiva", ha advertido el Tribunal de Cuentas, que ha recordado que aún tienen que terminar los procesos de reestructuración.

El Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), controla el 66% de Bankia y el 65% de BMN. "La venta de acciones de entidades en las que el FROB aún participaba al 31 de diciembre de 2015 puede provocar un incremento o una disminución el citado importe", ha explicado en un comunicado.

También ha recordado que la factura del rescate bancario dependerá de la evolución de los Esquemas de Protección de Activos (EPA) y de otro tipos de garantías otorgadas en la venta de entidades, con un saldo vivo total de 17.211 millones a cierre de 2015.

El Tribunal de Cuentas ha subrayado que los saneamientos que han supuesto mayor coste público han sido el de Catalunya Caixa (12.676 millones), BFA/Bankia (12.347 millones), Banco CAM (11.065 millones) y Novacaixagalicia (9.159 millones).

Recursos públicos comprometidos

En un informe de fiscalización del proceso de saneamiento de la banca, el organismo ha calculado también que los recursos públicos comprometidos ascienden a 122.122 millones entre 2009 y 2015, si bien ha aclarado que no todas las medidas de disposición o compromiso de recursos públicos suponen un coste para el sector público.

El organismo fiscalizados apunta además que la Administración General del Estado otorgó avales a las entidades de crédito inmersas en procesos de reestructuración o resolución por un importe de hasta 85.965 millones. El saldo vivo de la única emisión no autorizada asciende a 1.059 millones hasta la fecha.

El Tribunal de Cuentas ha recordado que el saldo vivo de las emisiones de deuda senior de la Sareb, que se sitúa en 43.476 millones a cierre de 2015, está avalado por el Estado.

El análisis de fiscalización del organismo persigue verificar que las actuaciones del FROB, los Fondos de Garantía de Depósitos (FGD) y el Banco de España, como supervisor del sistema bancario, entre 2009 y 2015 se adecuan a la normativa. Además, trata de comprobar los mismos aspectos sobre las medidas de seguimiento y control de la ejecución de los procesos de reestructuración.