La Fiscalía vuelve a oponerse a que Fernández Ordóñez, Restoy y Segura declaren por Bankia

De este modo, la Fiscalía se opone por tercera vez a la petición de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que ejerce la acusación popular y que ha solicitado en varias ocasiones estas declaraciones, denegadas hasta ahora por el titular del juzgado central de instrucción nº 4, Fernando Andreu.

El pasado 19 de octubre la CIC solicitó estas comparecencias tras conocerse los correos electrónicos remitidos por el inspector del Banco de España José Antonio Casaus, que en su opinión demostraban "el perfecto y cabal conocimiento que la jefatura del Banco de España tenía sobre la verdadera situación patrimonial de BFA-Bankia".

Argumentos de la Fiscalía

En el escrito, el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón explica que los citados ya declararon en su momento como testigos, y añade que el contenido de los correos "no incide en la presunta falsedad de las cuentas de la entidad, que es el objeto de la investigación, sino que se limita a plantear dudas sobre su viabilidad.

Además, prosigue el fiscal, los correos "no aportan evidencias de que los funcionarios del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) participen dolosamente por omisión en el delito que se investiga". Ese delito sería el falseamiento de la información económico-financiera recogida en el folleto de la salida a Bolsa y de la información que la entidad debía publicar y difundir según la legislación vigente.

Los correos, añade Luzón, no apuntan a la existencia de falsedad alguna sino que, por el contrario, reconocen que había "fondos genéricos y específicos por más de 3.000 millones de euros"; lo que sí plantea José Antonio Casaus es la viabilidad de Bankia o, más propiamente, del Grupo BFA. La opinión del inspector y las dudas que expresa "está bien fundada" y el tiempo ha demostrado que "era atinada", dice el fiscal, pero no era la única y "no parece lícito convertir en delincuentes a los que discreparon". Casaus consideraba que la opción de sacar a Bolsa Bankia en solitario no era la más adecuada y planteaba otras opciones, como la toma de control por parte de un banco extranjero o la salida a bolsa del grupo en conjunto, pero posteriormente quedó claro que esa segunda opción "hubiera sido una alternativa peor".

José Antonio Casaus, recuerda Luzón, no advierte en sus correos "ni dijo tampoco en el juzgado" que las cuentas fueran falsas o estuvieran manipuladas; y es que, según el Fiscal, una cosa era el futuro del Grupo, que juzgaba incierto, y otra muy distinta la contabilidad, que compete "al consejo de administración y al auditor externo", pero no al Banco de España.

Informes de seguimiento

El fiscal añade que, sin querer restar importancia a los correos, lo que verdaderamente refleja el estado de la entidad son los informes de seguimiento, cuyo contenido "dista bastante" de lo que se dice en las misivas. Puede plantearse si la inviabilidad de BFA, "que no de Bankia", comporte una responsabilidad penal en quienes decidieron o autorizaron la salida a Bolsa, ya que si se admite que se sacó a Bolsa un negocio inviable la responsabilidad no sería exclusivamente de los administradores y el auditor. Pero los correos, explica el fiscal, "no aportan evidencia de que los funcionarios del Banco de España y la CNMV hayan participado "dentro de un plan delictivo acordado con los querellados".

La Fiscalía se refiere también a la solicitud de la CIC para que el juez pida a Bankia todos los correos y comunicaciones intercambiadas por funcionarios del supervisor relativos a BFA-Bankia, criterio que comparte aunque advierte de que dado que se trata de miles de comunicaciones, debe hacerse una selección o "introducir un factor corrector de búsqueda".