El juez Andreu propone juzgar a Rato, Blesa y 64 personas más por el uso de las tarjetas 'black'

De las diligencias practicadas se desprenden indicios de que las citadas tarjetas se emitieron fuera del circuito ordinario de otorgamiento de tarjetas de empresa de la entidad, así como la inexistencia de soporte contractual (en el contrato de trabajo o mercantil) ni de previsión estatutaria o decisión de los órganos de Gobierno; y que la utilización de las tarjetas no tenía como finalidad los gastos de representación o relacionados con actividades profesionales por lo que deberían ser tratadas como retribuciones irregulares.

El juez de instrucción concluye que se desprenden indicios racionales y fundados de criminalidad contra los miembros del Consejo de Administración, de la Comisión de Control y ejecutivos de Caja de Madrid y Bankia que recibieron de las citadas entidades unas tarjetas de crédito tituladas a su nombre, emitidas sin respaldo contractual alguno, que usaron para gastos personales y propios. En total son 66 personas que dispusieron de una remuneración irregular de forma que, con un límite mensual que dependía del cargo que se tuviera, podían disponer libremente de la tarjeta sin necesidad d ejustificar el concepto. Entre ellas figuran Miguel Blesa, que gastó 436.688 euros, Rodrigo Rato (99.054 euros), José Antonio Moral Santín, exdiputado de IU (456.522 euros), el representante de CCOO Francisco Baquero (266.433 euros), el que fue Jefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno (235.817 euros), Estanislao Rodríguez-Ponga (255.372) y José Manuel Fernández Norniella (185.665), ambos fueron secretarios de Estado con el PP.

En su resolución, Fernando Andreu rechaza las peticiones de sobreseimiento de las actuaciones formuladas por Jorge Rábago Juan Aracil, Mariano Pérez Calver, Ramón Martínez Vilches, Enrique de la Torre Martínez, José María Buenaventura Zabala y Cándido Cerón Escudero.

Del mismo modo, afirma que la instrucción, que se ha realizado de forma profusa y profunda, debe darse por conclusa, al haberse practicado todas las diligencias esenciales para determinar la naturaleza y las circunstancias de comisión de los hechos, por lo que no considera necesario la práctica de nuevas diligencias solicitadas por los abogados de Estanislao Rodríguez Ponga y Pedro Bedia Pérez.

El titular del juzgado central de instrucción número 4 ha dado traslado al fiscal y a las acusaciones personadas, para que en el plazo de diez días formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.