La Audiencia Nacional deberá asumir todas las denuncias de los preferentistas de Caja Madrid por estafa

El Supremo asegura que no se puede aislar la venta del producto de su diseño, es decir, que no es posible investigar por separado la planificación por parte de las directivas de las distintas cajas que después se fusionaron en Bankia del producto, de su comercialización directa en las entidades. "Debe valorarse desde antes de la relación directa con el cliente, a partir del diseño mismo del producto" y hasta llegar a su venta, precisa. El auto concreta que no es su responsabilidad "adelantar las eventuales responsabilidades penales" para "los administradores últimos responsables o los dependientes".

Evitar una disparidad de criterios

Fuentes jurídicas apuntan que con esta decisión el Supremo intenta evitar una disparidad de criterios entre distintos Juzgados y contradicciones que podrían provocar absoluciones y condenas opuestas.

Para llegar a esta conclusión, el alto tribunal ha estudiado una denuncia presentada por dos afectados por la compra de preferentes contra "los administradores responsables de Bankia" en los Juzgados de Majadahonda, que se inhibieron a favor de la Audiencia Nacional.

El juez Andreu rechazó asumir la competencia al considerar que la denuncia se cursó "contra la persona que les recomendó adquirir las participaciones de Caja Madrid". El juez se basaba en la decisión adoptada en 2013 por la Sala de lo Penal que limitó la investigación sobre las preferentes vendidas por las cajas que integraron Bankia a la planificación para su emisión llevada a cabo por la cúpula directiva de las entidades. Acotaron la investigación a los directivos de las siete cajas que formaron Bankia y rechazaron la imputación de los directores de sucursales empleados que comercializaron las preferentes o llevaron a cabo el case de operaciones.

El juez Andreu investiga las preferentes emitidas por Caja Madrid y Bancaja en una pieza separada de la causa sobre la fusión y salida a Bankia. En esta pieza se encuentran imputados el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, el exconsejero por UGT Gonzalo Martín Pascual, el expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán y los exconsejeros Gonzalo Martín Pascual, Jesús Pederoche, Rodolfo Benito, José Manuel Fernández Norniella y José María Arteta, entre otros.