El juez cita a varios testigos que implican a Rato en posibles amaños de contratos en Bankia

Por eso, el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, ha citado este miércoles como testigos a ocho exempleados de Caja Bankia y Caja Madrid cargos de distinto tipo en la época que Rato presidió ambas entidades-, y el jueves hará lo mismo con otras ocho personas, entre las que podrían encontrarse varios presuntos testaferros de su entramado societario, apuntan fuentes jurídicas. Algunos de ellos ya prestaron declaración días atrás ante agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargada de las pesquisas principales de este caso a petición de la Fiscalía. Esta parte de la investigación se centra en un presunto delito de corrupción entre particulares y está bajo secreto.

De esos testimonios, según las fuentes consultadas, se desprende que Rato habría podido interceder a favor de terceras empresas en contratos otorgados desde el departamento de comunicación y marketing de Bankia. Entre ellos figuran los concedidos al grupo Publicis, que facturó 56,2 millones a la entidad financiera en el período que la presidió el expolítico (2011 y 2012 fundamentalmente) y por los que el empresario mexicano Alberto Portuondo habría recibido una comisión del 30% respecto a los beneficios obtenidos por la multinacional francesa de la publicidad, lo que supone unos dos millones de euros.

De esa suma, Portuondo -el único de los nueve imputados hasta el momento, con Rato a la cabeza, que está en prisión preventiva- derivó luego 835.000 euros a la firma Kradonara, pieza clave en el entramado societario urdido por el exministro de Economía para manejar sus ingresos y mediante la que canalizó distintas operaciones de divisas con el extranjero. De hecho, la ONIF ha constatado que recibió al menos 6,5 millones de euros entre 2006 y 2014 cuyo origen se desconoce y de los que no hay constancia de que hayan sido tributados como corresponde.

¿Asesoramientos o comisiones?

Rato, sin embargo, dijo que los 835.000 euros eran el pago por servicios de consultoría realizados desee Kradonara -pese a que apenas tiene empleados- y no por asesoramientos verbales suyos, versión que Portuondo dio al juez en agosto añadiendo que daba 40.000 euros mensuales al expolítico por dichos servicios. Pero este, primero ante el juzgado y luego ya en declaraciones a EFE, dijo este martes que no participó «ni influí de ninguna manera» en los contratos de publicidad de Bankia, y menos aún recibió comisiones por posibles intermediaciones.

«Fueron estudiados y adjudicados por comités profesionales», señaló pese a que varios testigos ya han apuntado ante la Guardia Civil que Rato participaba en la decisión sobre ese tipo de contratos, junto al citado Portuondo que actuaba como una especie de asesor externo presidencial- y a su secretaria personal, Teresa Arellano que en la práctica casi ejercía como si fuera responsable del área de marketing y comunicación-. En cuanto a sus ingresos por conferencias y asesoramientos no declarados a Hacienda, Rato alegó es un «litigio fiscal» relativamente normal por diferencias de criterio pero «sin relevancia penal», argumento que rechaza de plano la Agencia Tributaria al hablar de hasta cinco posible delitos por un total de 2,5 millones.

Tras declarar este martes durante más de tres horas, Rodrigo Rato vio como el juez le imponía dos medidas cautelares a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, aunque la severidad de las mismas es relativa. De un lado, debe entregar su pasaporte en un plazo de cinco días aunque podrá seguir viajando con su DNI por todos los países de la UE y también Suiza (a la que ha volado varias veces los dos últimos años por «negocios»), por sus acuerdos de libre circulación con los socios europeos y, por otro, tendrá que comparecer una vez al mes en el juzgado; eso sí, un día a su libre elección.