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José Antonio Bravo
Miércoles, 8 de julio 2015, 20:49
La aparente inoperancia del Banco de España con los desmanes cometidos en algunas entidades, sobre todo cajas de ahorros, durante la última crisis financiera volvió a servir este miércoles de coartada a algunos de sus supuestos responsables. En concreto, los seis acusados por las polémicas ... prejubilaciones millonarias que concedió Novacaixagalicia (NCG) en 2011 a cuatro de ellos se escudaron en ese silencio como una «prueba inequívoca» de la legalidad de esos pagos que les han llevado a sentarse en el banquillo durante el último mes.
En la sesión postrera del juicio celebrado en la Audiencia Nacional, que quedó visto para sentencia este miércoles, las defensas de los exdirectivos de la macrocaja de ahorros gallega arremetieron contra la Fiscalía Anticorrupción, la principal acusación junto a NCG Banco y Adicae, por montar «una obra de teatro» de guión «alambicado, forzado, barroco y extravagante». Con mejor o peor oratoria, fue la tesis defendida por los letrados del que fuera copresidente de la entidad -resultado de la fusión entre Caixanova y Caixa Galicia-, Julio Fernández Gayoso; el exdirector general, José Luis Pego; el exresponsable de su filial inmobiliaria, Gregorio Gorriarán; el antiguo gestor de la oficina creada para la integración de esas cajas, Oscar Rodríguez; y el abogado que asesoró en la controvertida mejora de sus contratos, Ricardo Pradas.
Y en esa historia, según expusieron en sus alegatos finales, el Banco de España casi ejerció de Don Tancredo, «impasible» mientras se cometían los supuestos delitos que se les atribuyen. Hablamos de apropiación indebida y administración desleal, o directamente estafa pues las acusaciones han hecho una calificación alternativa, que les llevan a enfrentarse a una condena de hasta tres años de cárcel, además de la devolución de todo el dinero cobrado supuestamente de forma indebida y una multa de hasta 75.000 euros.
Según el argumento repetido por casi todos los abogados defensores, tanto el supervisor bancario como los órganos de gobierno de NCG en concreto, la comisión de Retribuciones, de la que también eran miembros personas que formaban parte del consejo de administración conocían los contratos de alta dirección que incluían las polémicas rentas vitalicias, además de otras mejoras salariales y pensiones que se les asignaron. Y, «lejos de actuar», no pusieron objeciones ni vetos, insistieron.
Como en Casablanca
En su oratoria, llamativamente fluida por momentos, llegaron incluso a hacer un símil cinematográfico sobre lo ocurrido. Así, según uno de ellos, el Banco de España habría sido el productor ejecutivo de la película contada por el Ministerio Público, mientras que otro fue un paso más allá y casi situó a Luis María Linde como compañero en la pantalla de Humphrey Bogart en Casablanca. Sería nuestro capitán Renault, un secundario de lujo que conocía todo a la perfección, apuntó para provocar las críticas y muecas de las dos fiscales, que fueron reprendidas por el presidente del tribunal por sus susurros.
«No puede pretenderse dijeron al tribunal que la alarma social justifique una condena penal» cuando, según su tesis exculpatoria, se trata «solo de un problema estético». Pero la Fiscalía y las acusaciones no piensan lo mismo. Por eso, pese a pedir la absolución de un sexto acusado -el exdirector general adjunto de NCG, Javier García de Paredes- por devolver el exceso de indemnización: 5,6 millones de euros sobre un total reclamado a los cuatro beneficiarios de las prejubilaciones de 18,9 millones.
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