Los exdirectivos de Novacaixagalicia «blindaron» sus prejubilaciones millonarias por «nerviosismo»

Prada, una de las seis personas que desde este lunes se sientan por estos hechos en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional junto al excopresidente de NCG, Julio Fernández Gayoso y los cuatro beneficiarios de esas pensiones-, llegó a comparar sus prejubilaciones a las del resto de la plantilla. Sin embargo, durante su largo interrogatorio -que se prolongó casi cuatro horas entre todas las acusaciones- la fiscal Pilar Melero le dejó en entredicho al tener que reconocer aquel que en el caso que esos exdirectivos ni siquiera llegaron a cumplir el requisito de la edad (un mínimo de 55 años para el retiro anticipado).

Era una de las mejoras que se recogió en el borrador de su contrato, el nuevo al que se dio luz verde en el verano de 2011 con la entidad ya rescatada y que recogía otros privilegios. Uno de ellos fue la consolidación de una paga extra por los buenos resultados obtenidos pese al agujero existente en sus cuentas-, y otro el derecho a que la mujer de uno de ellos (José Luis Pego) cobrase toda la paga en caso de fallecimiento. Pese a ello, intentó convencer al tribunal de que fueron solo meras adaptaciones a lo que suponía para la entidad el convenio (de fusión).

Yo no soy el cerebro de nada, dijo quien se autodenominó como asesor de referencia de Novacaixagalicia y que trabajó codo a codo con los acusados. Entre otras cosas, recibía órdenes directas de uno de ellos (Oscar Rodríguez) y fue quien redactó las cartas de desestimiento presentadas por todos antes de acceder a las prejubilaciones referidas. Aún así, insistió en que siempre actuó en representación de la caja y nunca en defensa de los intereses de aquellos. ¡Hombre, por favor!, espetó visiblemente enfadado.

Sin embargo, eludió responsabilizarse de los contratos de los directivos porque él solo aconsejaba y únicamente manejaba borradores. Dijo así que no tuvo conocimiento de los salarios de los directivos hasta el mismo verano de 2011. Pese a ello, fue precisamente quien el 4 de agosto de ese año defendió ante la comisión de retribuciones de NCG que suscribieran las nuevas condiciones contractuales. No era un blindaje, insistió Pradas, quien argumentó ese apoyo en que los imputados podían optar por cobrar de un golpe sus prejubilaciones, equivalentes a su salario multiplicado por los años de inactividad hasta que cumplieran los 65.

"Que baje Dios y lo vea"

Ni siquiera era necesario actualizar los contratos porque, dijo, los cambios hechos ya estaban previstos legalmente. Se hizo para dotarles de mayor claridad y dar transparencia a la entidad, sostuvo este asesor laboralista, quien añadió que sólo se pretendía actuar con honradez jurídica.Y si esto me lleva a una condena, que baje Dios y lo vea, añadió en un tono algo forzado.

Su argumento para justificar las prejubilaciones resultó, no obstante, más que llamativo. En un entorno de crisis económica grave en el país y con un sector financiero lastrado por los excesos, le pareció razonabilísimo y humano que los cuatro exdirectivos acusados trataran de curarse en salud ante la previsible conversión de NCG en un banco, puesto que no sabían cuál iba a ser su futuro y su nuevo cometido. Había nerviosismo e inquietud entre ellos, apuntó Pradas para describir los motivos que les llevaron a solicitar cobrar de golpe sus prejubilaciones millonarias.

Pero la Fiscalía Anticorrupción no es igual de comprensiva y considera que los cuatro directivos acusados -José Luis Pego, ex director general; Javier García de Paredes, su adjunto y mano derecha; Gregorio Gorriarán, responsable de la filial inmobiliaria de la caja; y Oscar Rodríguez, uno de los gestores de la oficina que se encargó de la integración de las dos cajas gallegas-, idearon un plan para garantizarse una cuantiosa liquidación y rentas vitalicias. Lo hicieron movidos por la clara intención de obtener un importante beneficio patrimonial, y ayudados por la cooperación necesaria de los citados Pradas y Fernández Gayoso.

Los seis se enfrentan ahora a penas de entre tres y cuatro años de cárcel, además de la inhabilitación correspondiente y la devolución forzosa de los 18,91 millones que se cobraron en esas prejubilaciones anticipadas. Están acusados de sendos delitos de administración desleal y apropiación indebida y, de forma alternativa, uno de estafa.