La justicia acepta que pudo haber un «interés máximo» en la salida a Bolsa de Bankia

En uno de los autos donde rechaza anular la fianza civil impuesta por esos hechos, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional afirma que "no pone en duda" que, como afirman los principales imputados Rodrigo Rato (expresidente del banco), José Luis Olivas (exvicepresidente), Francisco Verdú (exconsejero delegado) y José Manuel Fernández Norniella (exconsejero), "pudiera haber sido preciso que Bankia saliera a Bolsa por una necesidad legal". Y tampoco desecha su tesis de que se hubieran "seguido las pautas marcadas por los órganos supervisores" (Banco de España y CNMV).

Ni siquiera pone en entredicho otros de sus argumentos para reducir su responsabilidad en el caso como, por ejemplo, que las cotizaciones de las acciones "son contingentes al depender de negocios volátiles". Incluso llega a aceptar la posibilidad de que "hubiera además un interés máximo para el éxito de una operación" que tornó en polémica.

El problema para los acusados es que el tribunal considera que "hay un hecho", que se desprende de los informes elaborados por los dos inspectores del Banco de España que actúan aquí como peritos judiciales, que "tiene muy en cuenta". Y es que los estados financieros con los que Bankia debutó en el parqué "no expresaban la imagen fiel" de sus cuentas, al ocultarse "deterioros" multimillonarios de sus activos que sí deberían haberse computado.

Estima que por ello podrían haber incurrido en un delito de estafa de inversiones y de crédito, una suerte de "falsedad ideológica". La infracción penal en este caso, matizan los magistrados, "no se centra tanto en la publicación de datos falsos, sino en el falseamiento de los documentos que han de ser objeto de difusión", en este caso el folleto de la operación pública de venta (OPV) de Bankia en el mercado. A este respecto, advierten de que "la responsabilidad no se circunscribe sólo a lo que se indica" en dicho documento "sino, también por omisión, en todo aquello que, debiendo haberse mencionado, se silenció".

Vence el plazo

El daño causado a los perjudicados ya personados en el caso Bankia se cifra en 34 millones de euros, suma a la que finalmente redujo la Sala de lo Penal la fianza civil que impuso el juez instructor Fernando Andreu por la responsabilidad pecuniaria derivada de la controvertida salida a Bolsa, al estima que "resulta más ajustada al estado procesal de las actuaciones y a la información obrante en autos". De ella habrán de responder de forma solidaria el banco y su matriz, BFA, además de los cuatro ex administrados citados antes con Rodrigo Rato a la cabeza.

El resto de inversores afectados por la operación tiene de plazo hasta este viernes para dirigirse por escrito a Bankia y anunciar que presentarán una reclamación por daños y perjuicios, a fin de lograr así la devolución de su capital. Desde varios bufetes que ya representan a accionistas minoritarios del banco explican que es la única forma de "paralizar los efectos de la posible prescripción de los hechos" que justifican su demanda, dado que este mes se cumplen tres años desde la dimisión de Rato como presidente, la nacionalización de la entidad y la reformulación de sus cuentas.

Ese es el plazo que establece el artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores para presentar reclamaciones derivadas de informaciones falsas u omisión de datos relevantes en folletos de salidas a Bolsa, es decir, de OPVs. La cuenta atrás, por lo tanto, está a punto de expirar tanto para los particulares como para las empresas que compraron de inicio títulos de Bankia. Los despachos de abogados consultados advierten de que si alguna de esas compañías no presentan la reclamación correspondiente ante el banco podrían ser acusados por sus propios accionistas de "falta de diligencia", como prevé el artículo 236 de la Ley de Sociedades de Capital.