Se enfría la reforma de las cooperativas de crédito

Medio año después en dicho departamento mantienen que el proyecto «continúa su estudio por los servicios técnicos», sin profundizar más en cuál será su alcance y cuándo se presentará de manera oficial. En el sector, de hecho, consideran «altamente improbable» que dé tiempo a tramitarlo en esta legislatura, sobre todo porque no se trata de un tema precisamente pacífico a nivel regional e incluso local.

Calendario en mano, las Cortes tendrían que disolverse a mediados de octubre por los comicios generales su fecha tope sería el 21 de diciembre, aunque algunas interpretaciones legales extienden el plazo al 10 de enero, lo que reduce al mínimo el margen para aprobar algo que ni siquiera es todavía un anteproyecto de ley. El objetivo declarado era impulsar las fusiones en un sector que, incluso con las concentraciones de los últimos años, soporta una gran atomización con unas 60 entidades.

El siguiente paso sería que las principales entre las que quedasen se transformaran en bancos, como ya ha hecho el grupo Cajamar. Este representa el 42% de un sector que cuenta con casi 19.000 empleados, 4.645 oficinas, 2,76 millones de socios o cooperativistas, 5,9 millones de clientes y, además, tiene 132.000 millones de euros en activos.

Esa bancarización, que añadiría luego su salida a Bolsa en algunos casos, es el punto crítico, dado que en el sector la ven innecesaria. «Una cosa es que centralicemos más algunas áreas, tengamos un enfoque más operativo y reforcemos los fondos de insolvencias, y otra que renunciemos a un modelo histórico de probada solvencia y utilidad», apuntan.

Evitar la exclusión

Alegan que, con una cuota de mercado del 6,5%, dan un servicio regionalizado «indispensable» tras la transformación de las cajas de ahorros en bancos, «evitando así la exclusión financiera del mundo rural». No obstante, desde Unace (su patronal) no ven mal que aumentara la transparencia del sector y se abrieran nuevas vías para captar capital eso sí, claramente reguladas y eliminando cualquier posible tinte especulativo- en aras a elevar su solvencia.

La reforma de las cooperativas de crédito figura entre las que reclamó en su día la troika (Banco Central Europeo, Comisión Europea y Fondo Monetario Internacional) cuando dio luz verde al rescate del sector financiero español. Pero desde el sector critican que no se haya tenido en cuenta que su modelo, amén de viable, funciona sin grandes problemas en otros países de la UE como Francia (con entidades tan importantes como Crédit Agricole y Crédit Mutuel), Alemania (donde son coordinadas por la poderosa DGRV), Austria, Holanda, Finlandia e incluso Suiza.

A juicio de las cooperativas españolas, no tendría sentido la integración forzosa de todas ellas o, al menos, la mayoría- en sendos SIP, es decir, los sistemas institucionales de protección que protagonizaron las llamadas fusiones frías en las cajas de ahorros y que, según sus críticos, prácticamente nacieron muertos. Arguyen que el sector que a diferencia de los grandes bancos, supervisados ahora por el BCE, depende en exclusiva del Banco de España- cuenta ya con suficiente grandes grupos.

La citada Cajamar sería el segundo. Respetan su modelo, pero consideran que tras su bancarización (tiene ya 33.000 millones de euros concedidos en créditos, parte de ellos en el sector inmobiliario, y en 2014 tuvo que hacer provisiones por casi 118 millones) ha traspasado las fronteras del sector. Con todo, agrupa todavía a 28 entidades del mismo dentro del Banco de Crédito Social Cooperativo (BCSC), que en noviembre pidió su ingreso en la patronal bancaria (AEB). El grupo más importante es Caja Rural, pues representa el 42% de los activos de las cooperativas, con 2.355 oficinas y 8.100 empleados. El podio lo cierra Caja Laboral Popular, con una cuota del 18%. El resto son de un tamaño claramente reducido.