El fiscal insta a la Audiencia Nacional a extremar «la prudencia» para «no dañar» a Bankia

Así lo expone el fiscal Alejandro Luzón en el recurso de apelación contra el auto en el que el juez Andreu impuso a la entidad y su matriz, BFA, y a cuatro de sus exconsejeros una fianza de 800 millones por las supuestas irregularidades en su salida a bolsa, al que ha tenido acceso Efe.

Para Luzón, "no puede negarse" la existencia de "indicios de criminalidad", pero quedan "todavía incertidumbres que habrían aconsejado demorar" esa medida hasta que la instrucción esté más avanzada.

Recrimina al juez que se haya apoyado exclusivamente en las "discutibles" conclusiones de los dos peritos cedidos por el Banco de España que cuestionaron sus cuentas, cuando ni siquiera "han sido capaces" de plasmarlas "en un solo texto", una "singularidad" que ya "evidencia la dificultad de llegar a conclusiones unívocas".

Al fiscal no le convence, por ejemplo, que afirmaran que el precio de la acción de la salida a bolsa de Bankia no fue un modelo de concurrencia porque muchas de las ofertas procedían de grupos vinculados, e incluso dependientes, del grupo. "No existe ninguna norma de la Unión Europea ni nacional respecto del número mínimo que se entiende necesario para formar demanda y el procedimiento de colocación no es público ni en España ni en ningún otro mercado", contesta el fiscal, que añade que incluso "se producen acuerdos previos" a la salida a bolsa entre inversores y emisores.

Tampoco que hablaran de algunas "órdenes incomprensibles" de acreditados con operaciones refinanciadas por importe de 850.000 euros, "algo anecdótico" en una operación de 3.092 millones.

Ni siquiera que dudaran sobre los motivos de algunos inversores institucionales para vender inmediatamente, cuando estos "son libres para tomar sus propias decisiones" y pudieron actuar para "obtener un pequeño beneficio" o "vender valores en el caso de que no se les haya adjudicado lo que esperaban", por lo que tilda las dudas de los peritos de "poco significativas".

El informe de los peritos

Luzón también pone en tela de juicio que no tuvieran en cuenta el "profundo empeoramiento" de la economía y las provisiones constituidas y no asignadas para hacer frente a deterioros adicionales futuros, y que eran suficientes para cubrir los ajustes que propusieron.

Otra de las principales críticas al auto del magistrado es que asegurara que la contrapericial encargada por Bankia al catedrático Leandro Cañibano no contradice las tesis de los peritos de que las cuentas no reflejaban su imagen fiel, cuando las conclusión del catedrático es exactamente la contraria.

Aunque valora la "independencia" con la que los dos han trabajado respecto del organismo al que pertenecen, su "reconocido desconocimiento de la compleja normativa de los mercados de valores" hace esencial "completar sus conclusiones con la interpretación normativa auténtica del Banco de España y de la CNMV".

Y es que la salida a bolsa de Bankia, "condicionada por cambios normativos y alentada por el Gobierno", fue autorizada por la CNMV, y sus estados contables fueron revisados por distintas firmas antes de la OPS y auditados sin salvedades por Deloitte, "cuyo socio Francisco Celma no está imputado por el momento", aunque varias acusaciones así lo han pedido. Esto no garantiza que sus cuentas reflejaran su imagen fiel, pero lo contrario supondría, argumenta, "cierto grado de negligencia" por parte de "las mentadas personas u organismos".

Salud financiera

Con todo, cree que la fianza es "innecesaria" y "se torna contraproducente al perjudicar la salud financiera" de la entidad, que "precisamente es la mejor garantía para afrontar cualquier responsabilidad futura". Resulta "impensable" que sus actuales administradores la coloquen "voluntariamente en situación de insolvencia" que le impida afrontar responsabilidades futuras.

Todo ello sin olvidar que una contabilidad incorrecta también pudo perjudicar a Bankia, por lo que estima que "debe extremarse el celo y la prudencia para no dañar a una entidad que, no lo olvidemos, se ha nutrido de fondos públicos, en definitiva, de todos los españoles".

Una entidad "cuyo futuro, concretado en el posible precio de venta que pueda obtenerse de la participación mayoritaria que ostenta el FROB, nos afecta también a todos, incluidos los miles de inversores que acudieron a la OPS y que todavía conservan sus acciones", concluye