La banca deberá avisar también a los autónomos de si les va a cerrar el crédito

A principios de octubre, el Consejo de Ministros aprobó un texto según el cual la banca informaría a las pymes ante un posible recorte de crédito para que estas empresas pudieran buscar vías alternativas de financiación, un aviso que ahora se extenderá también a los autónomos.

Esta decisión se ha tomado durante el debate en la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados que ha servido para aprobar con competencia legislativa plena el proyecto de ley de fomento de la financiación empresarial.

Además, el grupo parlamentario popular ha insistido en que tanto pymes como autónomos podrán obtener de su entidad crediticia y en un plazo de diez días información sobre su posición financiera, historial de pagos, extracto y calificación crediticia. También se incluirá, gracias a una enmienda aprobada hoy, una relación de los contratos de seguros vinculados al flujo de financiación.

La información será gratuita siempre que a la empresa en cuestión se le haya negado financiación, por lo que sólo tendrá un coste si la petición de este historial surge a iniciativa de la propia pyme o el autónomo, ha añadido el diputado popular José López Garrido.

A UPyD le hubiera gustado además que el aviso de un posible cierre de la financiación llegara con más antelación, al menos cuatro meses, así como que las compañías afectadas tuvieran un plazo de dos semanas para presentar alegaciones, tal y como ha explicado durante el debate el diputado Álvaro Anchuelo.

'Crowfunding'

Pero ahí no quedan las novedades de este proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Economía, y en cuya votación el PSOE, La Izquierda Plural y Amaiur se han abstenido, ya que también se definen los tipos de inversores -institucionales o minoristas- para proyectos de micromecenazgo o 'crowfunding'.

Sobre este aspecto, el diputado de CiU Josep Sánchez i Llibre ha elogiado que este proyecto de ley incorpore medidas "relevantes" alternativas a la financiación bancaria y distinga entre inversores -minoristas e institucionales- en proyectos de mecenazgo.

El importe máximo de captación de fondos por proyecto de financiación participativa a través de cada una de las plataformas no podrá ser superior a los dos millones, aunque cuando los proyectos se dirijan exclusivamente a inversores cualificados este importe podrá alcanzar los cinco millones.

Sin embargo, algunos otros grupos parlamentarios piensan que la ley pone demasiados limitaciones a esta vía de financiación, si bien el diputado popular José López Garrido ha asegurado que la norma no es restrictiva sino que es "prudente".

En este sentido, ha insistido en que España es de los primeros países del mundo que legislan un fenómeno tan nuevo como la financiación alternativa a través de una plataforma de Internet y dentro de la prudencia defienden que no se pueda incluir como garantía la vivienda habitual del inversor.

Por último, en cuanto a la protección de los clientes de entidades, los diputados también han acordado que el Gobierno evaluará las modificaciones legislativas necesarias para mejorar el actual sistema institucional de protección y las alternativas para potenciar la eficacia de los actuales servicios de reclamaciones, defensores del clientes y servicios de atención.