El FROB detecta pagos irregulares a directivos de Caja Madrid por valor de 14,8 millones

Aunque todo el expediente va a ser remitido en los próximos días a la Fiscalía Anticorrupción para que dilucide si hay materia penal -y, por tanto, presente una querella ante el juzgado correspondiente-, las primeras pesquisas al respecto se iniciaron a instancias del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (más conocido por sus siglas de FROB). Fue en mayo de 2013 cuando ordenó a Bankia que revisara con detalle todas las retribuciones otorgadas entre 2008 y 2012 por su principal antecesora, Caja Madrid (que en 2011 se fusionó con otras cinco entidades de ahorros para alumbrar el citado banco). Fruto de aquel trabajo, en septiembre se le remitió la documentación correspondiente.

Cinco meses después, ya en febrero de este año, el FROB ordenó a Bankia encargar un estudio forensic es decir, un análisis especializado con técnicas fiscales y financieras que fue realizado por la consultora PwC. Y_su conclusión como «tercero independiente» la auditora de las cuentas de Caja Madrid en esos años era Deloitte, precisamente señalada por no detectar las irregularidades descubiertas después en distintos capítulos, como las polémicas tarjetas B con las que se dilapidaron 15,5 millones entre 2003 y 2012 (y en todo tipo de gastos personales) fue que altos directivos de la caja de ahorros engordaron sus nominas sobremanera entre 2007 y 2010.

Se saltaron los trámites

Lo hicieron, además destacan desde el órgano que gestiona los procesos de reestructuración bancaria, «sin que exista constancia del cumplimiento de trámites (preceptivos) como el paso por los órganos de gobierno» y «con el consiguiente perjuicio económico» para la entidad. El daño más importante vendría derivado de la extinción de varios contratos de ejecutivos de Caja Madrid de la época, en la que el presidente era Miguel Blesa (1996-2010) y su número dos Ildefonso Sánchez-Barcoj, aunque también afectan a la primera etapa de Rodrigo Rato, quien relevó al primero en enero de 2010.

En el citado estudio forensic se concluye que entre 2009 y 2010 se abonaron de forma irregular hasta 9,1 millones en diversos conceptos como bonus, indemnizaciones e incluso pactos de no concurrencia. Y es que, según han detectado los investigadores, esos ejecutivos se fueron subiendo los sueldos sin aparente justificación y por un elevado importe durante los años anteriores con el fin, entre otros, de elevar la base de cálculo que se aplicaría luego para liquidar sus contratos.

Así, en 2008 dispararon sus remuneraciones hasta un 26%, «tomando como referencia una masa salarial mayor de la realmente existente en ese momento». En la retribución fija se estima que supuso «una posible percepción indebida» de «algo más de dos millones», mientras que en la variable ascendió a 1,8 millones, sin que consten qué objetivos se fijaron y luego cumplieron para ello. Por último, en las aportaciones a planes de pensiones se sustituyó la parte que excedía el máximo deducible en el IRPF por una «gratificación extraordinaria» -que les era mucho más beneficiosa en términos impositivos-, lo que causó un perjuicio de otros 1,84 millones.

Aunque en la nota emitida este martes por el FROB no se precisa quiénes son esos altos directivos bajo sospecha, ni tampoco en qué cuantía concreta se habrían beneficiado de los pagos irregulares descritos, a finales de 2007 una decena de personas componían dicha cúpula, encabezados por el propio Blesa y Sánchez-Barcoj. El resto eran Juan Astorqui, Carlos Martínez, Ramón Ferraz, Rafael Spottorno, Matías Amat, Carmen Contreras, Mariano Pérez Claver, y Ricardo Morado, algunos de los cuales ya declararon como imputados en el caso abierto por la polémica adquisición de un banco en Florida por Caja Madrid.