El paro de los autónomos podrá compatibilizarse desde enero con la actividad

La nueva ley, que establece para 2023 una cuota mínima entre los 230 y los 500 euros mensuales, mejora y amplía las prestaciones del colectivo, hasta el punto de que por primera vez en la historia (con excepción del periodo de pandemia) no necesitarán bajar la persiana de sus negocios ni darse de baja en el RETA para recibir esta ayuda por desempleo.

«La prestación por cese de actividad no cumplía los objetivos ni desde el punto de vista cuantitativo ni cualitativo», reconoció el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, quien ofreció un dato muy significativo: en 2019 menos de 1.500 autónomos accedieron a esta prestación. Por eso, el Gobierno ha hecho una reformulación completa de la protección de los trabajadores por cuenta propia, manteniendo el cese de actividad ordinario pero incorporando nuevas modalidades en base a la experiencia del despliegue de prestaciones durante la pandemia y la erupción del volcán Cumbre Vieja de La Palma. Así, se reconoce una nueva prestación del 50% de la base reguladora compatible con otra actividad que podrá cobrarse durante un periodo de cuatro meses a dos años. Para poder acceder, deben acreditar una reducción del 75% del nivel de ingresos o ventas cuando no se cuente con trabajadores, y quienes tengan trabajadores esta misma reducción de facturación, unos ingresos por debajo del salario mínimo y tener al 60% de sus empleados en un ERTE.

También se regula el cese temporal parcial por fuerza mayor cuando haya una declaración de emergencia y los autónomos pierdan el 75% de sus ingresos y se queden con una renta no superior al SMI.

Además, se adapta a los autónomos la protección que proporciona el mecanismo RED, para que puedan acogerse a él de la misma manera que los asalariados. Habrá, por tanto, un RED cíclico para cuando estalle una coyuntura macroeconómica general desfavorable y, siempre que el Consejo de Ministros lo active, los autónomos que cumplan los requisitos podrán cobrar el 50% de la base reguladora durante un año y disfrutar de un 50% de reducción de cuotas. Y además se pondrá en marcha el RED sectorial cuando en un sector se aprecien cambios permanentes que generen necesidades de recualificación y de procesos de transición profesional. En este caso, los beneficiarios recibirán un pago único del 70% de la base reguladora y el pago del 50% de la cotización.

«Los autónomos conocen hasta qué punto este Gobierno se ha comprometido con ellos hasta límites que no tienen precedentes», se congratuló Escrivá, quien presumió de haber «desarrollado un sistema mucho más potente». Eso sí, volvió a reconocer que esta reforma no inyectará más ingresos a la Seguridad Social. «En principio, nuestra impresión es que el saldo de ingresos y gastos de la Seguridad Social se mantendrá inalterado como resultado de este nuevo régimen», señaló el expresidente de la Airef, que precisó que el objetivo «no es en ningún caso recaudatorio».

Otra de los novedades que trae esta ley es que los autónomos podrán acceder a toda la información y realizar todo tipo de gestiones a través de su móvil. Así, con el teléfono podrán tramitar altas y bajas, modificar los cambios de elección de los tramos de cotización (pueden cambiar de cuotas hasta seis veces al año), acceder a sus datos y expediente e incluso realizar la simulación para conocer lo más aproximadamente posible la cuota que han de pagar en función de sus ingresos reales antes de realizar un alta.

El nuevo sistema también atiende a otra de las peticiones de los autónomos: la deducción de gastos de difícil justificación, entre los que la Seguridad Social pone como ejemplo los ordenadores, el alquiler de locales o la compra de suministro. Esta deducción será del 7% para los autónomos y del 3% para los autónomos societarios. Asimismo, podrán desgravarse un 10% de las aportaciones al plan de pensiones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).