Los autónomos insisten en una prórroga de los ERTE para todos los sectores

«Los ERTE tienen que prorrogarse para todas las actividades, todos los sectores, para no dejar a nadie atrás», ha defendido Amor, quien, además, ha advertido de que su organización no va a avalar ningún tipo de acuerdo que deje por el camino a ninguna empresa.

Amor también ha señalado que «no entiende» la aplicación de las exoneraciones a la incorporación de trabajadores a la actividad desde los expedientes temporales. Y ha instado en que se utilicen esos recursos para apoyar a las empresas que lo necesiten. «Mantener los ERTE a los 770.000 trabajadores tiene un coste mensual de 1.100 millones de euros. Las exoneraciones a la reincorporación cuestan 900 millones», ha detallado.

En cuanto a la prestación por cese de actividad para los autónomos cuya vigencia también vence el 30 de septiembre, Amor ha reconocido que es «pesimista» respecto a que pueda ser posible el acuerdo con el Gobierno. Según ha comentado, de la propuesta del Ejecutivo se deriva que sólo un 10% de los autónomos estarían cubiertos, es decir, alrededor de 300.000, mientras que el objetivo de ATA es alcanzar al 20%, hasta 650.000 autónomos que, a juicio de Amor, necesitan esta prestación.

El presidente de ATA ha realizado estas declaraciones en la presentación del barómetro de situación de los autónomos en septiembre de 2020. De acuerdo con sus datos, la prestación de cese de actividad que se podía solicitar desde el 1 de julio ha sido un «fracaso»: «Es una prestación que no tiene que ver con contexto real en el que viven los autónomos». Así, sólo un 7,1% de los trabajadores por cuenta propia la han solicitado y, de ese porcentaje, se le ha concedido al 72,2%.

El principal motivo de denegación de la prestación fue por no poder acreditar el periodo mínimo de cotización, seguido de la pluriactividad o por haber estado de baja. Y por estas cuestiones pasan las propuestas de ATA con el objetivo de que la prestación llegue a más beneficiarios.

Tres de cada cuatro autónomos considera imprescindible la prestación por cese de actividad, ordinaria u extraordinaria, para poder seguir adelante.

Mientras tanto, uno de cada dos autónomos encuestados, el 48,7%, se beneficiaron de la prestación por cese de actividad extraordinaria.

En cuanto a las medidas de liquidez puestas en marcha por el Ejecutivo, las líneas ICO en particular, Lorenzo Amor sugirió la extensión de los periodos de carencia para el inicio de la amortización de capital, que arranca este mismo mes de octubre. «No está la situación para hacer frente a la amortización de capital. La actividad está peor ahora que en el mes de mayo y que en el mes de junio», aseguró Amor.

Por el momento, un 18,6% de los autónomos han pedido financiación avalada por el ICO y les ha sido concedida. Un 14,8% la han solicitado, pero sin éxito. Y un 15% de los trabajadores por cuenta propia, que todavía no han pedido ese apoyo, considera hacerlo en breve.

De acuerdo con los datos de ATA, 370.000 autónomos, un 12,5% del total, tienen sus negocios cerrados en esos momentos. Un 57,6% afirma que aunque ha abierto, funciona al 50%. Y, en todo caso, un 80% del colectivo ha visto reducir la facturación de su negocio. Además, 1,6 millones de autónomos, algo más de la mitad de estos trabajadores, han reducido su facturación más de un 60% en comparación con hace un año.

Asimismo, el 53,2% de los autónomos que tienen trabajadores afirma que ha tenido que realizar un ERTE para seguir con su actividad. De ellos, casi la mitad asegura que tiene en ERTE a la totalidad de su plantilla. Por ello, seis de cada diez autónomos empleadores consideran fundamental mantener los ERTE para lograr dar continuidad a sus negocios.

De estos autónomos con trabajadores, el 27,5% asegura que mantendrá algunos empleos, pero no a todos los que tenía antes del estallido de la pandemia, mientras que el 34,1% ratifica que no va a poder mantener su plantilla. Al menos 500.000 autónomos plantea realizar despidos. Y, además, 300.000 avisan de que este año tendrán que cerrar.

Además, un 54% declara que si tuviera que hacer frente al despido de alguno de sus trabajadores no tendría la liquidez suficiente para poder finiquitar las contrataciones.