Apenas 200.000 autónomos están exentos de hacer la declaración de la renta

El Ministerio de Seguridad Social, sin embargo, sostiene que su concepto de rendimientos netos puede equiparse al de ingresos reales, ya que de los más de 3,3 millones de autónomos que hay en la actualidad apenas 200.000 están exentos de hacer declaración de la renta. Es decir, que para el diseño del nuevo sistema se han tenido en cuenta los ingresos de más de 3,1 millones de trabajadores por cuenta propia.

«Tenemos perfectamente dibujado el mapa de los contribuyentes para determinar cuáles son los ingresos de las rentas de trabajo», señaló Eduardo Abad, presidente de UPTA, algo que no comparte ATA, que defiende que el punto de partida no es válido ya que los rendimientos netos en los que se basa no incluyen ni amortizaciones ni provisiones en caso de morosidad, por lo que no son equiparables a ingresos reales.

Así, la vicepresidenta de ATA, Celia Ferrero, indicó que la clasificación por tramos que hace el Gobierno entraña «una dificultad muy importante por el gran número de autónomos que declaran rendimientos cero o negativos». Para resolver todas las dudas que genera esta definición de rendimientos y sus implicaciones para el nuevo sistema de cotización, se ha solicitado la presencia en la mesa de negociación del Ministerio de Hacienda y de la Agencia Tributaria, departamento con el que la Seguridad Social asegura que ha contado para su propuesta.

También mostró su malestar con la propuesta de José Luis Escrivá la secretaria general de Uatae, María José Landaburu, quien se lamentó de que «seguimos lejos de un acuerdo» y pidió al Ejecutivo que cambie el rumbo de la negociación y tenga en cuenta la alternativa que Uatae ha puesto sobre la mesa, en la que propone permitir deducirse las cuotas a la Seguridad Social y las amortizaciones para definir los ingresos reales de los autónomos, recortar la cuota a 70 euros para los que ganen menos de 350 euros al mes y agilizar lo máximo posible el periodo transitorio para la implantación del nuevo sistema, que el Gobierno retrasa hasta 2033.