La Audiencia Nacional vuelve a imputar a Repsol, CaixaBank, Brufau y Fainé

El tribunal de la Sección Tercera, presidido por Alfonso Guevara, ha dejado sin efecto los archivos a fin de que se practiquen determinadas diligencias -nuevas testificales y revisión de prueba documental- que considera "procedentes y necesarias" antes de finalizar la investigación. La Sala explica en su resolución que la instrucción hasta ahora realizada revela la existencia de indicios de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos.

De lo actuado se desprende indiciariamente, según añade el tribunal, que en virtud del encargo realizado en 2011 por Repsol al Grupo Cenyt, liderado por el comisario José Manuel Villarejo, se llevaron a cabo actividades ilegales como el acceso a datos sobre el tráfico de llamadas telefónicas y otras comunicaciones de Del Rivero, su esposa y personas vinculadas a la compañía Sacyr, presidida entonces por el primero.

El juzgado acordó el sobreseimiento para Brufau porque no constaba ningún documento o grabación que acreditase indiciariamente que tuviese participación directa en la contratación de Cenyt. Sin embargo, la Sala rebate que aunque no hay ningún documento escrito y sonoro existen fuentes de prueba de que la iniciativa de llevar a cabo dicha contratación, así como de otras dirigidas a reaccionar contra el pacto Sacyr-Pemex para entrar en Repsol, "partió" de Brufau y que éste fue informado con detalle de los resultados de las gestiones con Cenyt. Unas pesquisas que conllevaban información "difícilmente obtenible" de no haber mediado la intervención de funcionarios públicos, recoge el auto de la Sala.

La resolución de 45 páginas, con ponencia del magistrado Carlos Fraile, analiza las declaraciones realizadas en el juzgado por Brufau y por el responsable de Seguridad de Repsol, Rafael Araujo. Concluye que existen indicios de que la orden de investigar "pudo partir de la presidencia de Repsol y de que el presidente pudo ser informado de sus resultados".

En relación con el sobreseimiento respecto de Isidro Fainé, al igual que en el caso de Brufau, la Sala considera que las diligencias practicadas obligan a continuar el procedimiento contra él. El auto menciona las declaraciones que prestó el expresidente de Caixabank ante el juez García Castellón, en las que explicó estar de acuerdo, al hablar con Brufau, en que los departamentos de seguridad de sus respectivas compañías colaborasen en el asunto Sacyr-Pemex con el grupo de Villarejo.

En relación con el sobreseimiento de Repsol y Caixabank como personas jurídicas, el tribunal considera que procede realizar determinadas diligencias para concluir la investigación con todas las garantías. El juzgado acordó en julio el sobreseimiento basándose en que tanto la petrolera como el banco habían implantado de forma previa un modelo de prevención de delitos, con reglas anticorrupción y controles para evitar la contratación de un funcionario público.

Sin embargo, en línea con los recurrentes, la Sala considera que la instrucción no puede darse por finalizada sin haber practicado antes diligencias de declaración y sin haberse aportado la documentación del informe 'forensic' que KPGM hizo para Repsol sobre su modelo de prevención de la corrupción.