La justicia reprende al juez del 'caso Rato' por hacer seguidismo de Hacienda

No obstante, en un auto hecho público este jueves, esos mismos magistrados mantienen la fianza de 18 millones de euros impuesta en mayo de 2015 al que fuera vicepresidente económico del Gobierno por estimar que «se ajusta a Derecho», rechazando así el último recurso de los abogados de Rato. De hecho, también a ellos les censuran por «pretender» que, pese a no presentar «motivos suficientes» que desacrediten la necesidad de esa medida pecuniaria, intentar que la Audiencia «asuma decisiones capitales sobre el curso de la investigación» que quedarían fuera de sus competencias.

La defensa de Rato considera «desorbitada» la exigencia de esos 18 millones, al tiempo que sostiene que la Agencia Tributaria ha liquidado mal sus cuotas del IRPF de los últimos años –de modo que habría ejercicios donde «no alcanza siquiera la cuantía delictiva»–. También esgrime que no se ha acreditado «hasta la fecha» que haya cometido algún blanqueo «externo», porque «todos los fondos» que tenía en otros países «han sido regularizados», y niega «rotundamente» haber cometido cualquier acto «de corrupción».

Frente a ello, el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, sostiene en sus últimas resoluciones que sí «existen sólidos indicios» que de que la regularización fiscal del patrimonio de Rato –cuantificado en 2015 en más de 26 millones por Hacienda, incluido lo que controlaba «su entorno»– se hizo «en una cuantía muy inferior a la real». Asimismo, califica de «esperable» su oposición a las conclusiones de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) e insiste en que hay elementos para seguir investigando si pudo incurrir en un delito de corrupción entre particulares (desde Bankia) por valor de 2,2 millones.

Sobre el importe de su fianza, el instructor del caso alude a que basta «una sencilla operación aritmética» a la vista de las cuantías de los delitos imputados para «cerciorarse de su prudencia». Y añade, además, que al no pagarla ni avalarla hubo que embargar sus bienes, aunque dicha ejecución «a día de hoy no alcanza ni la cifra de 450.000 euros».

Pero para la Audiencia esas cuentas no están tan claras, y ve «llamativo» el acierto que el juez atribuye a los cálculos de sus auxiliares. En este sentido le reprochan, por ejemplo, que no especifique las cantidades a sumar por cada delito y concepto que figura en las diligencias.

Esa crítica sobre la falta de una respuesta «realmente motivada y puntual» a otros argumentos de Rato la extienden los magistrados a la desautorización que hace el instructor del informe pericial de la defensa, basada a priori en «apreciaciones genéricas» o remitiendo «cualquier discusión» al juicio oral. Como contraste, sin embargo, sí parece hacerse eco de las tesis de la ONIF.

«Un instructor –censuran su comportamiento– no puede asumir de forma acrítica los informes que aportan los peritos de Hacienda», si bien la Audiencia matiza que no niega su «enorme relevancia». Tampoco puede hacerlo con las alegaciones de las posibles partes acusadoras. «El respeto al principio de igualdad», advierte, le obliga a tener «idéntica atención» con la defensa, y valorar «sin prejuicio alguno» las diligencias que proponga. Por ello apela al juez a ser más «analítico, ponderado e imparcial» en sus decisiones.