Así vigilará Bruselas a Pedro Sánchez

La cuestión es que el trabajo de sus altos funcionarios (ya el pasado octubre viajaron a Madrid dos de ellos) tienen que seguir cada paso que España dé sobre los 416 hitos y objetivos, la mayoría de los cuales se relacionan con el período 2021-2023, que el Gobierno tiene que cumplir para recibir los 60.000 millones de euros de ayudas directas que ha solicitado en distintos tramos.

El llamado 'acuerdo operativo' (un extenso documento de 343 folios) suscrito esta semana entre Madrid y Bruselas, no solo permite liberar los 10.000 millones del primer tramo por logros conseguidos, que se sumarán a los 9.036 millonesya ingresados en forma de anticipo. Establece de forma pormenorizada también el protocolo que se seguirá para fiscalizar los compromisos de más largo alcance. Y como tiene que ser la interlocución entre el Gobierno y la Comisión Europea.

Trimestrales y 'ad hoc'. Reuniones sin límite

La Secretaría General de Fondos Europeos del Ministerio de Finanzas y Administración Pública pilotará todo el trabajo. Su 'coordinador', estará obligado a celebrar «intercambios trimestrales» con los funcionarios cvonmunitarios. «Pueden tener lugar en persona en España o en Bruselas», se precisa, pero también por videoconferencia o mediante intercambio de escritos.

Habrá siempre un punto permanente en el orden del día: el calendario de las solicitudes de pago (una total de ocho desembolsos). Y la Comisión exige que el 'coordinador' evalúe e informe en consecuencia «de cualquier riesgo significativo· sobre dicho calendario. El control será tal que incluso Bruselas puede exigir a España que convoque encuentros técnicos en las que estaría presente con responsables de entidades gubernamentales a cargo de la ejecución de las reformas.

Semestre europeo. La vigilancia decisiva

La clave de todo el proceso estará en el Semestre Europeo. Establecido para supervisar y coordinar la política presupuestaria, fiscal, económica y social de la UE, es en este caso el ciclo de vigilancia decisivo. Aquí España tiene desde hace años deberes que ahora sí o sí ha de cumplir como la reforma del mercado laboral (con fecha límite el 31 de diciembre de este año para su aprobación) o la de las pensiones, fijada àra finales de 2022. Se le requerirá como prueba definitiva la publicación en el BOE «acompañada de un documento resumido que justifica debidamente cómo se cumplió satisfactoriamente el hito».

El evento anual. Bruselas también se explica

La Comisión Europea y España tendrán que celebrar, además de todos los encuentros ya planteados, un evento anual con la participación de los responsables de la implementación del plan de recuperación. El objetivo, «discutir la complementariedad, sinergia y coherencia» entre las ayudas y su aplicación del citado plan y los demás programas de la Unión. También cada año la Comisión Europea tiene que rendir cuentas ante el Parlamento y el Consejo con un informe sobre los avances realizados con los planes de recuperación y resiliencia; el volumen de los ingresos asignados y cómo va la recaudación.

Acceso a todos los datos. Transparencia absoluta

Y muy importante. La transparencia. El acceso total a la información. El acuerdo dedica un punto expreso a ello. «España se asegurará de que, previa solicitud, la Comisión tenga pleno acceso a los datos subyacentes relevantes que respaldan la debida justificación de la solicitud de pago, tanto para la evaluación de la solicitud de pago como para fines de auditoría y control. El Coordinador proporcionará esta información a la Comisión». España tendrá que cursar una solicitud debidamente justificada para cada uno de los desembolsos que requiere. Y cualquier cambio en los acuerdos operativos deberá ser pactado por las dos partes.

Incumplimientos. Suspensión de las ayudas

A partir de aquí, los supuestos. Si no se cumple de forma satisfactoria con los hitos y objetivos, los funcionarios de la Comisión podrían recomendar un movimiento drástico: «Suspender el pago de la totalidad o una parte de la contribución financiera». El Estado miembro afectado podrá presentar observaciones en el plazo de un mes. Si en seis meses no ha tomado las medidas necesarias para corregir la situación, la Comisión anulará el importe de la contribución financiera.

¿Y que sucedería si se pide recalcar hitos y objetivos? Aquí se preve un mecanismo que se solaparía con el anterior. De entrada se exigen «circunstancias objetivas» que justifiquen el incumplimiento en su totalidad o en parte, incluidos los objetivos intermedios y las metas pertinentes. El país estaría obligado a presentar a la Comisión una solicitud motivada para modificar o sustituir los compromisos; incluso «un plan de recuperación modificado o nuevo».

Si la Comisión considera que los motivos alegados lo justifican, examinará el nuevo plan para que cumpla con los principios fundamentales del fondo extraordinario. Esto es: que las medidas contribuyen al crecimiento, crean empleo y garantizan la resiliencia económica y social; que se iguala o rebasa el destino de un 37% del gasto a la transición verde y un 20% a la digital; y que en ningún caso habrá impacto negativo en el medio ambiente.

Bruselas tendrá cuatro meses para evaluar la nueva propuesta desde el momento en que sea presentada oficialmente. Si no obtiene su aprobación, aquí la cosa se complica. Un mes para que el Estado miembro presente observaciones. Y en el caso más extremo incluso la devolución con intereses de las partidas ya recibidas.