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Cuenta atrás para conocer si el sistema sanitario de Muface, que ofrece cobertura a 1,5 millones de funcionarios y sus familias, podrá seguir operando tal y como se conoce hasta ahora. Este miércoles 4 de diciembre vence el plazo para que las aseguradoras que ... actualmente prestan el servicio –Adeslas, Asisa y DKV– remitiesen al Gobierno las condiciones que, a su juicio, servirían para acudir al nuevo concierto de Muface. Una licitación que quedó desierta hace unas semanas, después de que el sector considerase «insuficiente» la mejora del 17% en las primas planteada por el Ejecutivo.
La cifra, a pesar de ser la mayor de la historia, se quedó muy lejos del 40% que llegó a solicitar en su momento el sector, que lleva años denunciando la infrafinanciación del servicio, sobre todo en los dos últimos ejercicios, con un convenio que quedó completamente desfasado en términos de costes en pleno ciclo inflacionista.
Bajo ese escenario, la negociación entre entidades y el Ministerio de Función Pública se antoja dura. Fuentes del sector indican que la mejora de las primas solicitadas vuelve a rondar el 40%, la misma que en la anterior convocatoria. Según ha podido saber este diario, DKV plantea, en su caso, una mejora del 40,6% (del 30,35% en el caso de Muface Internacional) en la prima. Y solo para un año de los tres en los que en principio se desarrollaría el nuevo acuerdo (2025-2027), según ha propuesto el Gobierno, sin confirmar oficialmente hasta que se publique la licitación.
Desde Asisa también confirman que han presentado su propuesta, aunque prefieren guardar silencio en torno a las condiciones exigidas. Adeslas, por su parte, rechaza comentar si ha contestado o no a la consulta pública.
En todo caso, los documentos remitidos al Gobierno no solo se centran en las primas. También incluyen toda la información relativa a la subida de costes sufrida estos años, además de otros elementos relacionados con la prestación del servicio. Entre ellos, propuestas sobre cómo deberían llevarse a cabo la actualización de prestaciones, con qué límites, cómo acometer el copago farmacéutico de los mutualistas, etc. Es decir, todo lo necesario para evitar que el servicio acabe por ser ruinoso para las compañías que lo prestan.
Una vez el Gobierno reciba las condiciones y necesidades de las aseguradoras, la maquinaria administrativa se pondrá en marcha con el objetivo de poner fin a la incertidumbre que desde hace semanas rodea al colectivo de empleados públicos, que aún desconoce qué ocurrirá con su seguro privado a partir del 31 de enero de 2025, cuando vence la extensión del actual convenio. «No hay un plazo establecido, pero la idea es que sean rápidos e intenten lanzar la nueva licitación en el próximo Consejo de Ministros», confían fuentes del sector.
A partir de ahí, habría un plazo de 25 días para que las aseguradoras decidan si concurren o no a ese nuevo concurso que, en principio, debería mejorar las condiciones del primero, sin descartarse que vuelva a quedar desierto. «Nos plantamos en enero», advierten desde el sector.
El reloj corre en contra. A pesar de que Muface mantiene que el servicio estará garantizado «en las mismas condiciones» más allá del 31 de enero de 2025, las aseguradoras apelan al convenio actual que termina justo en esa fecha (salvo para casos extraordinarios). «Si Muface dice que el servicio está garantizado, que explique cómo», critican las aseguradoras.
La propia Adeslas ya remitió una carta a sus mutualistas en la que reconocía que «en contra de nuestros deseos, las condiciones ofertadas no nos permiten continuar prestando a Muface, de una manera sostenible, el servicio de calidad que veníamos ofreciendo».
Esto no implica un adiós definitivo de la aseguradora, a la espera de la nueva licitación que prepara el Gobierno. Pero sí quiere dejar claro, al igual que el resto, que, hoy por hoy y sin acuerdo sobre la mesa, sus prestaciones llegan hasta el día de vencimiento. Ni uno más. «Más allá de enero, es Muface quien debe garantizar el servicio y son ellos quienes deben indicar a los mutualistas cómo van a garantizarlo», explicaron otras fuentes de la industria. Bajo este escenario, desde el sector reconocen que, aunque aún son casos puntuales, sí se han comenzado ya a rechazar y a anular citas médicas a los funcionarios más allá del 31 de enero.
A cierre de octubre, Muface contaba con 1.573.382 mutualistas, de los que 1.143.162 eran titulares y el resto, beneficiarios. De todos ellos, algo más de un millón eligió la opción de asistencia sanitaria concertada, frente a casi 504.000 que optaron por la asistencia sanitaria pública.
Dentro del colectivo protegido por la asistencia sanitaria concertada, 26.331 son menores de cuatro años, 108.816 tienen entre 5 y 14 años, 254.806 se encuentran en la franja de 15 a 44 años, 152.945 tienen entre 45 y 54 años, 190.909 tienen entre 55 y 64 años, 189.619 están en la franja de 65 a 74 años y 136.773 tienen más de 74 años.
Ante toda esta situación, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha convocado una «gran manifestación» en Madrid para el próximo 14 de diciembre contra «el abandono del Gobierno» y para exigir «una atención sanitaria de calidad en el mutualismo administrativo».
CSIF ha asegurado en las últimas semanas que «no para de recibir testimonios de personas afectadas por la situación» contándoles su caso, como la anulación de citas pruebas médicas, aplazamiento o suspensión de operación quirúrgicas y pruebas diagnósticas.
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