Arrecia la presión sobre el Gobierno para eliminar las medidas anticrisis

Con ese telón de fondo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez debe decidir en las próximas semanas qué medidas elimina y cuáles prorroga del último programa de apoyo a familias y empresas frente a la inflación, que entró en vigor a comienzos de año y que vencerá el próximo 30 de junio. ¿Primer problema? El coste electoral que supone acabar con algunas de ellas, como por ejemplo las bonificaciones aplicadas a la gasolina o al transporte público.

En el Ministerio de Hacienda defienden que aún no hay nada decidido, pero que existe margen suficiente para mantener ayudas si así se considera. Recuerdan que el déficit ya cerró por debajo de lo previsto en 2022 (en el 4,8% desde el 5% esperado), así que los Presupuestos de este año parten con esa holgura extra. «La decisión se tomará en función del efecto que hayan tenido las medidas a la hora de combatir la inflación o mitigar su impacto», indican. No obstante fuentes del Ejecutivo matizan que, esta vez y después de seis planes anticrisis en los que se han gastado unos 35.000 millones de euros (más otros 10.000 en avales), se tendrá en cuenta la efectividad de las medidas, pero también su coste fiscal, para no alejarse de los exigentes objetivos pactados con Bruselas.

La Autoridad Fiscal (Airef) calcula que solo el último decreto anticrisis tendrá un impacto de 14.000 millones de euros en 2023. Las medidas de gasto serán las más notables con 7.931 millones, incluyendo ayudas al transporte o a las empresas intensivas de gas, así como los descuentos al transporte público o el cheque para vulnerables.

La propia evolución de la economía en los primeros meses del año, mejor de lo esperado, podría favorecer al Gobierno en este punto. «La economía está respondiendo mejor de lo esperado por el buen comportamiento de la demanda externa;las exportaciones tiran del PIBy, al haber conseguido España un mayor control de los precios –con la inflación en el 4,1% en abril frente al 7% de la región –, el diferencial con Europa está beneficiando a nuestro mercado», indica el economista Salustiano Velo.

No obstante, la inflación sigue siendo elevada, con una presión todavía muy fuerte derivada de los precios de los alimentos. Aunque la escalada se 'moderó' al 12,9% en abril –desde el 15% o el 16%que se registraba en meses anteriores– resulta evidente que la rebaja del IVA aplicada sobre algunos productos básicos, una de las medidas estrella del actual plan anticrisis, tampoco está surtiendo el efecto deseado. Es más, es previsible que la presión continúe en los próximos meses, ante el grave problema de sequía que sufre el sector.

Otra de las medidas a las que se ha destinado más recursos es la bonificación al combustible, que comenzó siendo un plan generalizado y en 2023 se limitó a profesionales del sector. El precio del petróleo superaba con holgura los 120 dólares cuando la ayuda de 20 céntimos por litro se puso en marcha. A finales de año, cuando se sacó a los particulares de la medida, rondaba los 85 dólares. Yahora cotiza en 78. Un 38% menos que en el estallido de la guerra. Es más, según el último Boletín Petrolero de la Unión Europea, el precio medio del litro de gasóleo se sitúa ya en 1,40 euros tras 15 semanas de caídas, mientras que la gasolina ronda los 1,57 euros por litro, su nivel más bajo desde febrero de 2022. En ambos casos, ya están por debajo del momento de la entrada en vigor de la ayuda (1,818 y 1,837, respectivamente). Al tiempo, el gas natural se mantiene en los 30 euros megavatio/hora, tras caer más de un 60%en lo que va de año. En verano de 2022 llegó a superar los 340 euros.

Pese a ese mejor escenario energético, el Gobierno mantiene su plan de seguir hasta el 31 de diciembre con otras medidas como el descuento del bono social eléctrico que alcanza hasta el 80% para los más vulnerables, así como la nueva categoría de consumidores con derecho a un 40% de rebaja en su factura, que amplió en 1,5 millones de familias el número de beneficiarios de esta ayuda.

El Gobierno es consciente de que eliminar este tipo de planes –los que vencen ahora y los que lo hacen en diciembre de 2023– puede tener cierto coste en año electoral. Pero desde Economía confían en la resistencia del empleo para defender que su política de gasto puede llevarse a cabo sin torpedear el objetivo de déficit.

Pese a ello, la presión desde Bruselas para limitar las ayudas empieza a ser asfixiante, ante el temor de que por el camino se confirmen riesgos que ahora empiezan a asomar. Antonio Pedraza, presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas, apunta sobre todo a la reducción de la bolsa de ahorro de las familias, que puede afectar a la demanda interna, además de «las consecuencias de la sequía y la subida de tipos con su incidencia directa en el sector inmobiliario y de la construcción».