Arranca la tramitación de la ley de igualdad salarial sin el aval del PP

La proposición de ley -una propuesta que no es vinculante ni de obligado cumplimiento para el Ejecutivo- fue presentada por Unidos Podemos y recibió finalmente el apoyo de todo el arco político (con 210 votos a favor) a excepción de los populares, quienes consideran que se trata de una iniciativa demagógica de cara a la conmemoración del próximo 8 de marzo.

La portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, defendió la iniciativa legislativa al recordar que la desigualdad no se encuentra en el salario base, sino en otros conceptos retributivos como las horas extra o los complementos, muy vinculados a la situación personal o familiar de cada trabajadora, y que son los que provocan esas diferencias en la remuneración. Desde las filas populares avanzaron que el Gobierno, la patronal y los sindicatos negocian medidas para avanzar en la transparencia salarial y en el fomento de la igualdad en el trabajo. Además, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, anticipó que espera que los miembros del Pacto de Toledo alcancen un acuerdo sobre las pensiones en la próxima primavera.

Por otra parte, Báñez se mostró contraria a que se utilice el contrato de formación para mayores de 45 años, en vez de limitarlo a quienes tengan menos de 30 años, como ocurre actualmente, tras la petición realizada por la CEOE. Báñez aclaró que esa medida «no ha sido debatida en el diálogo social», aunque su posición es contraria a esa posibilidad. Lo que sí está acordado en el diálogo social es que este contrato para jóvenes de hasta 30 años pueda tener una ayuda complementaria de 430 euros, «pagada por Europa» a través de la Garantía Juvenil, de tal manera que podrían cobrar de inicio 1.000 euros entre la ayuda y el salario de convenio.

La ministra recordó que de los 3,5 millones de parados que hay en España, la mitad no ha terminado la enseñanza secundaria obligatoria, por lo que «capacitarles», darles formación, es «básico» para que puedan volver al mercado laboral.