Amenaza de huelga en los aeropuertos para finales de la Semana Santa

Es la tercera vez en menos de un año que este colectivo laboral amenaza con una huelga. La primera fue de cara a finales de julio de 2018,en plena temporada alta de vacaciones, aunque se desconvocó tras aceptar la patronal mejorar su convenio colectivo. Pero esa negociación se enquistó y para octubre se anunciaron nuevos paros, esta vez por la cuantía de las retribuciones variables.

Hablamos de 60.000 trabajadores básicos para el funcionamiento normal de los aeropuertos de AENA, al encargarse también de las mercancías y el correo, e incluso se ocupan de las pasarelas de conexión a los aviones. Por eso, a diferencia de lo que ocurrió en agosto de 2017 en el aeropuerto barcelonés de El Prat con los paros de los vigilantes de seguridad -que amenazaban con extenderse a otros aeródromos-, una huelga en este sector no solo produciría largas colas y retrasos de vuelos, sino probablemente un gran número de cancelaciones.

El IV convenio colectivo del sector lleva negociándose dos años y medio, y es precisamente esa dilación la que está generando gran incertidumbre. El último motivo de discordia entre Aseata,la patronal de las empresas de 'handling', y los sindicatos es que las compañías se niegan a asegurar al 100% la subrogación de personal si alguna concesionaria no lograra renovar su acuerdo con la Administración y fuera sustituida por otra. UGT y USO así lo pactaron en un primer momento con la asociación, pero ésta ha introducido a última hora una cláusula para que solo se respeten esas «garantías» en caso de «futuras negociaciones».

Dado que el 'handling' es uno de los sectores con mayor subrogación de personal en el mercado (más del 70%), los dos sindicatos citados acusan a la patronal de «coartar los derechos» de los trabajadores y bloquear el diálogo por esa condición «innegociable». Denuncian que si la subrogación no se hace con carácter retroactivo, para incluirla también en todos los convenios de empresas de asistencia en tierra aún vigentes, se discriminaría a parte de los trabajadores al restringir las «reclamaciones individuales por vía judicial de sus garantías económicas».

La patronal ve inviable una extensión de derechos de esa magnitud por su elevado impacto económico. Por ejemplo, la nueva empresa concesionaria debería respetar las condiciones salariales de los trabajadores, aunque fueran sensiblemente mayores a lo que ella preveía pagar. Lo sorprendente es que CC OO se ha unido a esas prevenciones y también avisa de que extender la subrogación a los acuerdos «firmados anteriormente podría desencadenar una ola de demandas incontrolable«, al tiempo que justifica el largo período de negociación del convenio en que ha habido diferentes acercamientos y rupturas, aunque su objetivo es que el acuerdo final tenga seis años de vigencia.