Un 40% del alza del transporte público es de coches que en enero volverán a circular

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ya ha comentado en más de una ocasión que las subvenciones tan agresivas de la red de transporte público estarán más focalizadas en jóvenes o personas con dificultades económicas, aunque aún no se han detallado quienes serán los que continúen beneficiándose de los descuentos. Pero pasar de una política de semigratuidad a volver a los precios de antes «tendrá un gran impacto en el uso del transporte público». Así lo considera Julián Sastre, presidente del Instituto de la Movilidad y director de la consultora Alomon, quien presentó su último estudio –que verá la luz en las próximas semanas– en la primera jornada de la Cátedra de Movilidad Sostenible patrocinada por Alsa y que tuvo lugar hace unos días en la Escuela de Ingenieros de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid.

Según sus datos, recolectados a través de una encuesta realizada por el Instituto de la Movilidad, el uso del transporte público se ha incrementado un 29% en estos dos últimos años con grandes subvenciones. La valoración de las medidas por parte de la sociedad es «muy positiva» y el 10% de los que no eran usuarios de transporte público se han subido al tren o al autobús en estos meses gracias a los descuentos. Los viajeros frecuentes han pasado del 17% del total de usuarios al 34% con las medidas de descuentos.

El presidente del Instituto de la Movilidad explica que eso indica que antes se quería viajar más en transporte público –sobre todo los que ya lo usaban– pero no lo hacían por el alto precio. Este impacto tendrá su efecto negativo en enero, cuando el Gobierno modifique las condiciones por las que se puede acceder a los descuentos y dejará de ser una medida universal. El gran problema es, según los autores del estudio, que un 40% del incremento del uso del transporte público ha sido captado de conductores de vehículos privados que han pasado al metro o al bus, y en enero se replantearán volver al coche.

El consejero delegado de Alsa, Francisco Iglesias, apuntó en la jornada organizada en la Politécnica que España aún está a «años luz» de lo que les gustaría respecto al transporte público, pero que el país ha ido «mejorando mucho con las medidas adoptadas». «Es la primera vez que un ministerio habla de la movilidad como un derecho», destacó.

En este sentido, la secretaria general de Transporte Terrestre del ministerio, Marta Serrano, hizo hincapié en los 2.000 millones de euros invertidos desde 2022 en transporte público, con el 'Verano Joven' como «gran reclamo», además de las subvenciones ya mencionadas. Y puso de relieve el nuevo mapa concesional que se tramitará en 2025 para «poner al autobús como el modo de transporte principal en las ciudades». Serrano apostó por hacer competitivo al autobús con el coche y para eso «los tiempos de viaje deben reducirse» y redirigir las rutas.

Pero las subvenciones no solo conllevan ventajas. Un efecto colateral negativo de las subvenciones al transporte público es que el 17% de los captados son ciudadanos que se movían a pie, personas que no cogían el autobús porque iban a un punto cercano, por ejemplo, y que ahora con los descuentos no les importa cogerlo para un recorrido muy corto en lugar de caminar.

La encuesta del Instituto de la Movilidad refleja, además, que el precio es importante, pero no es lo único: también se valora mucho la calidad del servicio. En el caso de los trenes, la última encuesta de satisfacción al cliente de Renfe muestra cómo los usuarios han ido perdiendo confianza en el servicio –casi un punto menos de 2021 a 2023 en cuanto a la valoración de puntualidad de los trenes–, aunque sigue en tasas positivas. Las reclamaciones presentadas por los usuarios casi se han doblado de las 180.000 de 2019 a las más de 350.000 del año pasado, según los últimos datos de la propia operadora.