Las alertas por blanqueo de capitales se disparan un 51% tras la pandemia

Según su última memoria, a dicho órgano -dependiente del Ministerio de Economía aunque sus profesionales están a cargo del Banco de España- fueron enviadas en esos dos años un total de 24.142 comunicaciones por indicio de blanqueo, mientras que las solicitudes de información recibidas por sus técnicos se incrementaron un 64% hasta las 5.642. Entre estas últimas se multiplicaron por 3,2 veces las emitidas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que supusieron la mitad del total.

A través del llamado Fichero de Titularidades Financieras, el Sepblac maneja información de 150, 74 millones de cuentas y depósitos (el 56% productos vivos), con 59,68 millones de personas distintas declaradas (el 7,6% sociedades) y casi 24.000 consultas al año de profesionales o entidades autorizadas. Es uno de los mayores flujos de datos financieros controlados a nivel nacional, según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), creado bajo el paraguas del G-7.

El avance de medios tecnológicos en operaciones financieras y medios de pago, junto al crecimiento de nuevos instrumentos virtuales, han elevado ese flujo de información. Pero también suponen «riesgos emergentes de blanqueo de capitales», advierten desde el GAFI, ya que «aumentan el anonimato de sus titulares», así como generan «una mayor opacidad del origen de los fondos y de sus movimientos».

En ese entorno, más allá de bancos y cajas de ahorros -responsables del 65% de los avisos emitidos-, el Sepblac ha visto como se disparaban las alertas de posibles casos de lavado de dinero enviadas por entidades de dinero electrónico (un 685% más respecto a 2019), comerciantes de joyas, piedras o metales preciosos (17,5 veces más que antes de la pandemia), asesores fiscales (un 475% más) y la categoría de juegos de azar (un 235% más en promedio). Los técnicos del organismo, no obstante, reclaman que aún faltan detalles necesarios en las comunicaciones y lo achacan a la falta de formación precisa a sus empleados por parte de los sujetos obligados por ley a emitir dichas alertas

Pero no solo se ha elevado con creces la actividad de inteligencia financiera en los organismos, también el castigo a los casos descubiertos. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el número de sentencias sobre blanqueo de capitales ha crecido un 36% tras la pandemia y un 32% el de condenas; en total 379 personas entre 2020 y 2021 (el 62% por lavar el dinero de terceros y el resto el propio), de las que casi un tercio recibieron penas superiores a los dos años de cárcel. La Audiencia Nacional reabrió a finales de diciembre una investigación sobre CaixaBank, Ibercaja e ING por un presunto «incumplimiento sistemático de sus obligaciones de prevención de blanqueo» en las operaciones que hicieron para la banca privada Bandenia.

A nivel europeo, el Consejo está inmerso en la preparación de la sexta directiva sobre blanqueo y de un nuevo reglamento que endurezca su tratamiento. Entre otras medidas, prohibirá los pagos en efectivo superiores a 10.000 euros -en España el límite es ya diez veces inferior- , dificultará que se puede mantener el anonimato en la compraventa de criptoactivos e impedirá ocultarse «tras múltiples capas de propiedad de empresas» -el Europarlamento pidió en enero endurecer las sanciones a ese respecto-.

España, en general, está bien considerada en la prevención del lavado de capitales, pero mantiene una laguna que ha llevado a Bruselas a abrir un procedimiento de infracción por «aplicación incorrecta» de la normativa. Para solventarlo, la Comisión Europea ha urgido al Gobierno a crear un registro sobre titularidad real de las empresas, un proyecto que el Ministerio de Justicia acometerá este año pero que si tarda en hacerlo podría llevar al país ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Hacienda, por su parte, trabaja en una nueva herramienta de inteligencia de datos ('big data') y algoritmos llamada Nidel para detectar y analizar redes de blanqueo. Ya la prueban varias delegaciones de la Agencia Tributaria, que hace pocas fechas actualizó su lista de paraísos fiscales (ahora 'jurisdicciones no cooperativas') con seis nuevos territorios y suma un total de 24 -en la lista 'negra' de la UE hay 16-.