Gobernar por real decreto aumenta los litigios y cuesta al Estado mil millones anuales

La Airef advierte de que las demandas judiciales desfavorables de los últimos ejercicios por nuevos impuestos representan «un riesgo significativo para las finanzas públicas»

Edurne Martínez

Madrid

Jueves, 13 de marzo 2025, 13:04 | Actualizado 17:02h.

Las demandas judiciales contra el Estado de los últimos años han representado «un riesgo significativo para las finanzas públicas». La Autoridad Fiscal (Airef) advierte en ... su informe publicado este jueves de que las sentencias judiciales desfavorables para los intereses del Estado han supuesto un coste medio de 1.000 millones al año en el periodo 2014-2023, con sentencias desfavorables que han afectado a figuras tributarias como el Impuesto de hidrocarburos, el IRPF, el Impuesto sobre la renta de los no residentes, el Impuesto de Sociedades, el canon hidráulico, el impuesto sobre el Incremento del Valor de los terrenos de naturaleza urbana o las sanciones relacionadas con la declaración de bienes en el extranjero.

De media el gasto anual son cuatro décimas de PIB, unos 1.000 millones de euros, pero puede oscilar hasta los 10.000 millones (0,9% del PIB) como fue el caso del año 2021, según los datos extraídos por la Airef del IGAE. Este problema viene derivado, en buena parte, del «uso inadecuado» de los reales decretos ley, aseguran fuentes del organismo.

Además, advierten de que recientemente se han dictado sentencias desfavorables para las administraciones públicas de «elevada cuantía» cuyo efecto se extenderá al ejercicio 2024 y a los años siguientes. Estas sentencias podrían sumar otros 12.000 millones a las cuentas públicas por sentencias como la del Impuesto de Hidrocarburos, que podría suponer 6.500 millones de euros. Los procesos en curso podrían «agravar el déficit de los próximos años» por arbitrajes internacionales en materia de energía, contenciosos en el sector del transporte y cuestiones fiscales aún por resolver en tribunales nacionales e internacionales.

Esto muestra la «necesidad» de que el Gobierno implemente políticas fiscales «prudentes» y adopte estrategias que «minimicen la exposición» a estos litigios. En concreto, recomienda a Hacienda que para prevenir conflictos legales refuerce la evaluación del impacto financiero antes de implementar cambios significativos y consulte con organismos europeos.

48.000 millones por riesgos ambientales

El coste fiscal de los riesgos ambientales entre 2005 y 2023, incluyendo la pandemia, habría sido de unos 47.157 millones de euros. Esto es «solo una aproximación» a partir de las fuentes disponibles y de las bases de datos que se han desarrollado para este informe. Por ello, la Airef plantea mejorar la cuantificación de estos riesgos, la explicitación de los costes fiscales y el diseño de medidas de mitigación. Por ejemplo, recomiendan deseable crear una base de datos del coste fiscal de los desastres naturales y que tanto la Administración Central como las comunidades autónomas elaboren «estrategias de gestión que puedan tener impacto presupuestario».

La Airef muestra que los principales riesgos para España provienen de fenómenos climatológicos (incendios y sequías), hidrológicos (inundaciones), meteorológicos (temporales de lluvia y temperaturas extremas). Y añade que otros riesgos como los biológicos son mucho menos frecuentes, aunque su materialización se traduce en eventos «extremos» como la pandemia de la covid.

Se tendrían que presupuestar estos gastos cuanto antes con mecanismos de aprovisionamiento porque son acontecimientos que van a suceder «sí o sí». Serán gastos cuantitativamente cada vez más importantes, advierten desde el organismo.

El Fondo de Contingencia es una «herramienta útil» para mitigar riesgos fiscales, pero la Airef detecta que el 43% del gasto financiado a su cargo no está relacionado con perturbaciones imprevistas y propone limitar su uso para mejorar la eficiencia del instrumento.